El Xacobeo ficha a una empresa que arrastra embargos e impagos con el Estado

La SA de Xestión do Plan Xacobeo prevé contratar a una empresa mallorquina a la que persiguen providencias de apremio y diligencias de embargo de sus bienes por deudas contraídas en el pasado con otros organismos y Administraciones públicas. Se trata de Lavatur Autoservicio, a la que se le ha adjudicado por procedimiento público un acuerdo para el suministro y la explotación de máquinas lavadoras y secadoras automáticas de prepago por monedas en cerca de 40 albergues del itinerario del Camino de Santiago. El contrato público, ya adjudicado desde principios de año, aún no ha sido formalizado entre las partes.

Lavatur ha ganado el concurso público abierto por la SA de Xestión do Xacobeo frente a otra competidora del sector, principalmente porque el porcentaje de retorno de la recaudación a la empresa pública de las máquinas que se instalarán y funcionarán durante los dos próximos años en los citados albergues, fue superior en un 10% al propuesto por la otra firma candidata. Con sede social en un municipio mallorquín, Lavatur ofertó ingresar a la Administración pública el 30% de todo lo recaudado en el autoservicio. Además, de forma similar a su competidora, también apoyó su oferta en el suministro de más de medio centenar de estas máquinas para su emplazamiento en la red del Camino.

Patrimonio trabado

La firma pública Xacobeo, una sociedad mercantil de la Xunta de Galicia, adscrita a la Consellería de Cultura, ha dado el visto bueno inicial al futuro contrato con la firma que tiene su sede en el municipio mallorquín de Costitx, y que arrastra un reguero de providencias de apremio y diligencias de embargo por impago de derechos a la Tesorería General de la Seguridad Social, al propio municipio en el que tiene su cuartel general en la isla de Mallorca, así como a los ayuntamientos de Alcorcón y de Madrid. Sobre otra de las empresas del administrador único de la firma de lavandería, también pesa otra orden de embargo de patrimonio empresarial por incumplimiento de las liquidaciones con los entes públicos.

El historial de rebeldía en el pago a las Administraciones públicas no es nuevo, puesto que ya arrancó en el año 1999, que tuvo como consecuencia la subasta de una nave propiedad de Carlos Herrero, actual gerente de Lavatur. Herrero, además de empresario de electrodomésticos industriales, fue concejal con responsabilidades de gobierno en el Ayuntamiento madrileño de Cobeña entre 2007 y 2011, en las filas de un partido independiente, al que el PP hacía la oposición, ahora en la alcaldía. Herrero fue entonces edil delegado de Nuevas Tecnologías, entre otras competencias.

Maquinaria industrial

Si la falta de cumplimiento de pagos se inició en el siglo pasado, durante la década presente los impagos se han multiplicado. Varios de ellos son del año 2012 y del 2013. Inicialmente, en el municipio de Cobeña constituyó una de sus dos empresas, dedicada a la compra, suministro y arrendamiento de electrodomésticos industriales, que completó con Lavatur, aunque esta última tiene su sede en la isla de Mallorca. En 2013, según el Borme, amplió el capital social desde 3.005 euros hasta los 150.000 actuales, y asumió su cargo de actual administrador único.

Las empresas que contratan con el sector público deben reunir y presentar, en general, ciertos requisitos y condicionantes que las habilitan para obligarse con los entes públicos de cualquier escala administrativa. Habitualmente, se exige para gran parte de los contratos la acreditación de solvencia económica y técnica del contratista, cada año y cada tres años, respectivamente. Pero la Ley de Contratos del Sector Público, por el que se rigen todas las adjudicaciones en España, sea cual sea el organismo o la Administración pública contratante, presenta ciertas ambigüedades en este campo, principalmente porque se trata de un contrato mixto, en el que se combinan el suministro de máquinas y el servicio de explotación del autolavado.

Solvencia

En este caso, en los contratos mixtos, los requisitos de solvencia quedan en cierto modo contraídos a lo que acuerde el órgano de contratación. Este debe decidir si, al margen de asumir las condiciones técnicas de la licitación, el candidato adjudicatario provisional cumple con el resto de requisitos periféricos para la formalización y el perfeccionamiento de los acuerdos entre los entes públicos y las empresas privadas.