El Tribunal Supremo cita como imputados a Chaves y Griñán por el ‘caso de los ERE’

Los ex presidentes socialistas andaluces deberán comparecer junto a otros tres aforados

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El instructor del caso de los ERE en el Tribunal Supremo ha citado como imputados a los cinco aforados implicados en la causa, entre ellos los ex presidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El magistrado Alberto Jorge Barreiro ha notificado hoy las citaciones (comparecencias voluntarias para decidir si se pide o no el suplicatorio) para las siguientes fechas: 7 de abril, José Antonio Viera; 9 abril, José Antonio Griñán; 14 de abril, Manuel Chaves; 16 de abril, Gaspar Zarrías; y 21 de abril, Mar Moreno. Justo después de las elecciones autonómicas andaluzas.

Cuando fueron consejero y presidente

La citación de ambos políticos responde a su presunta responsabilidad en los «actos realizados en el desempeño de sus funciones como consejero de Economía y presidente de la Junta, con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y económicas directas a diferentes empresas, así como las prestadas a personas físicas», tal como señala la providencia.

Barreiro ha pedido una ampliación del dictamen de los peritos sobre el recurso a las transferencias para financiar los ERE, donde la juez instructora de Sevilla –que ha imputado ya a 271 personas por el caso– ha señalado la piedra de toque del caso. Mercedes Alaya sostiene que el mecanismo se empleaba con el propósito de eludir controles políticos.

Diputado y senador

El Tribunal Supremo no ha solicitado de momento el suplicatorio al Congreso y el Senado, ya que Chaves y Griñán son diputado y senador, respectivamente, lo que sería necesario para procesarlos.

El PSOE solo pedirá a Chaves y Griñán que dejen sus escaños si son llamados a juicio oral, ha afirmado su portavoz en el Congreso, Antonio Hernando.

De acuerdo con el código ético del PSOE, el que Chaves y Griñán hayan sido citados como imputados por el instructor del caso de los ERE en el Tribunal Supremo no es motivo suficiente para que abandonen sus actas de parlamentarios. «El principio es claro, en el momento en que hubiese, cosa que descarto absolutamente, una llamada a juicio oral sería el momento de tomar decisiones», ha sentenciado Hernando.

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