El Tribunal Superior de Xustiza decide investigar a Paula Prado

stop

La Sala de lo Civil y Penal emite un auto en el apunta a supuestos delito de fraude y tráfico de influencias

Paula Prado | EFE

24 de septiembre de 2014 (13:36 CET)

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha notificado este miércoles un auto en el que comunica que decide investigar a la diputada popular Paula Prado por los supuestos delitos de fraude y tráfico de influencias a raíz de la exposición razonada del juzgado instructor de la Operación Pokémon.

En el auto, el TSXG acepta la competencia para conocer los hechos expuestos en tres de los apartados de la exposición razonada remitida por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo en relación a la diputada Paula Prado.

Los magistrados entienden que los hechos relatados, según señala el TSXG, "pudieran incardinarse, al menos de forma indiciaria, en los delitos de fraude a la administración pública y tráfico de influencias".

Hechos a investigar

En concreto, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha acordado investigar la autorización del pago de una factura municipal con un sobrecoste de 3.000 euros con motivo de la representación del espectáculo de La Abeja Maya en 2012.

También investigará la influencia en la contratación de personas en empresas concesionarias de obras y servicios del Ayuntamiento de Santiago cuando era responsable de la agencia de colocación de empleo, así como la intervención en la resolución de dos expedientes de un local de ocio.

Por el contrario, según indica la Sala, "no se aprecian por el momento", y sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción sumarial, "indicios de delitos en los otros tres hechos que se relatan en la exposición motivada" remitida por la jueza de la Pokémon, Pilar de Lara.

Condición de aforada


Paula Prado dimitió a principios de junio de su cargo como portavoz del PPdeG, aunque se mantiene como diputada autonómica, lo que le permite conservar su condición de aforada.

Fue precisamente a raíz de los pinchazos telefónicos y los informes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) cuando la jueza Pilar de Lara decidió una pieza separada al hallar en el comportamiento de la diputada "ciertas irregularidades que pudieran ser constitutivas de infracción penal".
Suscribir a boletines

Al suscribirte confirmas nuestra política de privacidad