El Tribunal de Cuentas denuncia el descontrol del Fogasa

El Tribunal de Cuentas teme que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) esté pagando «prestaciones fraudulentas» como consecuencia de la ineficacia de su gestión, su «falta de previsión» y la carencia estructural de personal que sufre desde hace años.

Según el Informe de fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones abonadas por el Fogasa, ejercicio 2013, a 31 de diciembre de 2013 existían 221.384 expedientes pendientes de resolver, un 67% más que un año antes y un 295% por encima de la cifra de 2007. En el mismo periodo, la plantilla del Fondo sólo se incrementó un 0,07%.

Casi 400 días de retraso

 
Esto elevó a 201,52 días el plazo medio de resolución de cada expediente, muy lejos de los tres meses previstos legalmente y por encima de los 185,47 días que se marcaron en 2012. Las unidades más «colapsadas» fueron Barcelona (395 días), Madrid (379 días) y Valencia (354 días).

Según el Tribunal de Cuentas, esta acumulación de expedientes «no es consecuencia de un hecho económico aislado y concreto, sino del incremento de empresas que han venido desapareciendo durante varios ejercicios», lo que a su juicio «denota una falta de previsión» del Fogasa, que «debería haber adoptado medidas urgentes y extraordinarias para paliar los efectos del progresivo y predecible aumento de solicitudes».

Extravío de documentación

En estas circunstancias, el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda cree que la falta de personal conlleva un «importante riesgo de extravío de documentación» y de «defectos y demoras» en los expedientes, pero además teme que se estén pagando prestaciones de forma «fraudulenta» y sin ningún control efectivo.

Y es que a la falta de datos estadísticos completos y precisos sobre concursos, juicios o situación laboral de los trabajadores, se suma que el número de letrados es «insuficiente» y que no hay un procedimiento homogéneo para decidir a qué juicios asisten, sino que «cada uno decide discrecionalmente, sin justificar los motivos de su no asistencia».

Los abogados no van a los juicios

De hecho, la asistencia a los juicios indirectos apenas llegó al 30% entre 2012 y 2013 –en unidades como las de Badajoz, Castellón, Jaén o Tarragona el dato no llega al 2%–, pese a que el 56% de los casos en los que sí se personaron acabaron con sentencias favorables al Fondo.

Esto supone que se están abonando prestaciones que, en caso de oposición del Fogasa, no se estarían pagando, ya que se podría haber alegado situaciones como que el trabajador no estaba de alta en la Seguridad Social –en 2013 se reconocieron prestaciones a 1.117 trabajadores en estas circunstancias por valor de 5,55 millones–, porque al existir un fraude el trabajador habría desistido de su demanda, o por tratarse de una empresa ficticia –caso de 65 trabajadores que recibieron 413.596 euros del Fondo–, entre otros motivos.

El Fogasa es una institución que depende del Ministerio de Empleo cuya misión es garantizar el cobro de los salarios atrasados a los trabajadores cuyas empresas, por cese, quiebra o insolvencia, son incapaces de hacerlo.