El Supremo tumba el reparto del déficit en 2013

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El tribunal estima los recursos de Cataluña, Andalucía y Asturias en contra de la distribución de los objetivos de déficit y de deuda pública de aquel año

Economía Digital

La vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la rueda de prensa de este viernes tras el Consejo de Ministros / EFE
La vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la rueda de prensa de este viernes tras el Consejo de Ministros / EFE

Barcelona, 06 de abril de 2016 (20:10 CET)

Una victoria parcial, pero importante para las comunidades autónomas. Por lo menos para elevar la moral. En los años más complicados de la crisis económica, el Gobierno repartió los objetivos de déficit que tan bien cumplió la Xunta entre las distintas comunidades para atender los requerimientos de la Comisión Europea. En 2013 fue especialmente duro con las autonomías, y algunas de ellas recurrieron la decisión del consejo de ministros. Ahora el Tribunal Supremo anula el acuerdo de aquel consejo de ministros, de 13 de julio de 2013, en el que fijó esos objetivos, tras los recursos de Cataluña, Andalucía y Asturias.

El Gobierno, acuciado por Bruselas, y ante la necesidad de acotar el gasto de las comunidades, tomó una decisión que se ha repetido en los años posteriores a 2013: controlar las administraciones autonómicas de forma férrea, con una menor presión para la Administración central, con el argumento de que era y es la responsable de los subsidios de paro. En aquel año, el objetivo de déficit para Galicia fue del 1,2% y Feijóo cumplió, situándolo en el 1,1%. En Cataluña fue del 1,58%, cuando el Govern de Artur Mas, de la mano de su conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, lo había situado en el 2,5%.


Un acuerdo sin ratificar en el Congreso

El Supremo, al margen de si era justo o no con las comunidades, declara nula la decisión del consejo de ministros porque ese acuerdo, del 13 de julio, no se llevó al Congreso para su ratificación parlamentaria. Carece, según los jueces, de eficacia jurídica. El Supremo entiende que era un acuerdo preparatorio para llevarlo al Congreso, pero lo anula porque no llegó a producirse. Por esa razón, por entender que se trató de un acto preparatorio, no admite los recursos de las comunidades, aunque anula la decisión.

En el caso de Cataluña, la reducción del gasto en los respectivos departamentos y de todo el sector público de la Generalitat representó una reducción de 1.430 millones de euros, y se mantuvo, por segundo año consecutivo, la supresión de la paga extra para los trabajadores públicos. En el caso de los posteriores recursos de las comunidades, por el mismo motivo, el Supremo no los toma en consideración. El Supremo no anula los objetivos de déficit trazados porque se aprobaron en el Congreso.


Reparto desigual

Tras esa decisión, el ahora conseller de Economia, Oriol Junqueras, y vicepresidente del Govern, ha considerado que el Gobierno del PP no actuó correctamente, y que lo hizo "muy mal". El juicio de Junqueras, que comparten otros responsables autonómicos, como la consejera de Economía de Castilla-León, Pilar del Olmo, del PP, es que los objetivos de déficit se repartieron de forma desigual.

"La responsabilidad de la desviación es fundamental y de forma mayoritaria por parte del Gobierno y no de las comunidades autónomas". Como en otras ocasiones, Junqueras ha asegurado que el problema, en el caso de Cataluña, es la falta de instrumentos para controlar los ingresos y el gasto de la autonomía. "O tenemos las herramientas que nos permiten decidir sobre nuestro futuro y esfuerzo fiscal o siempre estaremos en manos de decisiones arbitrarias", ha asegurado, en referencia a los acuerdos de los consejos de ministros, que el Supremo, en parte, ha anulado.
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