El PSOE rechaza la prisión permanente revisable para ‘el Chicle’

El autor confeso de la muerte de Diana Quer puede enfrentarse a la prisión permanente revisable si se le acusa de asesinato y agresión sexual

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Madrid ha sido este miércoles caja de resonancia para el «caso Diana Quer». El portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso, Juan Carlos Campo, ha rechazado que se aplique la prisión permanente revisable al autor confeso de la muerte de Diana Quer, José Enrique Abuín Gey, alias el Chicle, al mismo tiempo que ha defendido la derogación de esta reforma, que se introdujo en el Código Penal en 2015 con la mayoría absoluta del PP.

En una entrevista en Onda Cero, ha argumentado que es una pena «innecesaria» y «una contradicción en sí misma»: «Lo que es permanente no es revisable y lo que se revisa no es permanente«, ha defendido, recalcando que esta medida no endurece las penas y solamente ha aportado «populismo punitivo».

El autor confeso de la muerte de Diana Quer puede enfrentarse a la prisión permanente revisable si, una vez concluya la investigación, se le acusa de asesinato y agresión sexual previa al fallecimiento de la joven madrileña. Pero el socialista se ha mostrado contrario a su aplicación, insistiendo en que «no tiene una duración mayor porque obliga a la propia ley a revisarla».

Asimismo, ha apuntado que el sistema penal que se aplicaba desde 2002 «puede llevar al cumplimiento íntegro como mínimo de 25 años»: «Hemos ganado muy poco o no hemos ganado nada», ha lamentado. En esta línea, ha aseverado que con el método anterior «se podrían cumplir muchos más (años), pero el condenado tenía la certeza de cuándo podía obtener la libertad condicional y podía acceder a una serie de beneficios penitenciarios«: «El derecho penal tiene un elemento básico que es la certeza», ha añadido.

La derogación

Esta legislatura, en la que el PP ha perdido la mayoría absoluta, el Congreso de los Diputados ha comenzado el procedimiento parlamentario para derogar la última reforma del Código Penal. La oposición coincide en que la medida (únicamente respaldada por el PP y por UPN) no cumple los principios constitucionales de reinserción social y reeducación de los delincuentes. «Las penas, por muy largas que sean, tienen que ir encauzadas a la propia resocialización«, ha argumentado Campo al respecto.

Además, ha defendido que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos es el encargado de definir cuándo se debe revisar una pena de ese tipo y, en este sentido, ha hecho hincapié en que este órgano se está pronunciando en contra de esta medida.

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