El presidente de Sogama presenta su dimisión

El presidente de Sogama, Luis Lamas, ha presentado su dimisión después de que trascendiese la noticia de que el Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo (Cetal), del que es tesorero, adjudicó el contrato de asesoramiento jurídico al bufete de abogados Lucus Lex, del que es socio desde 2006.
Sogama indica que esta situación esta recogida dentro del Registro de Bienes de Intereses de la Xunta de Galicia.

Lamas ha manifestado, por medio de un comunicado, que a pesar de su condición de abogado no ejerciente desde que fue nombrado presidente de Sogama, en mayo de 2009, y de que «el proceso de dicha contratación por parte de Cetal se llevó a cabo respetando la ley», es consciente de que, «el no haber estado en el día a día de las tareas que desarrolla la Sociedad Limitada Profesional Lucus Lex, le ha impedido ejercer un control sobre esta cuestión, permaneciendo ajeno a la misma».

«Ha sido un error, y en la política los errores hay que asumirlos. Mi dignidad personal y política me lleva a tomar esta decisión», dice Lamas.

Contrato de 400 euros al mes

Lamas, que no tenía un cargo retributivo en la Cetal, manifiesta que el contrato con la fundación, al que el despacho del que es socio renuncia, suponía un importe total de 7.450 euros anuales durante dos años, lo que se traducía en un ingreso mensual para la empresa de 400 euros. «La relación contractual entre Cetal y el despacho de abogados no se entabló directamente con él, sino con Lucus Rex, entidad en la que dispone de una participación minoritaria y en cuya toma de decisiones no intervenía desde su nombramiento como responsable de Sogama», indica el comunicado de la Sociedad Galega de Medio Ambiente.

Este mismo miércoles, el portavoz parlamentario del PSOE, José Luis Méndez Romeu, reclamó al máximo mandatario gallego, Alberto Núñez Feijóo, que aprovechase «su monólogo» en la Cámara la semana que viene para «anunciar medidas contundentes» contra Luis Lamas por «adjudicar un contrato a su propio bufete».

Denuncia del Bloque

También el BNG anunció en una comparecencia esta jornada que denunciará ante la Justicia las, a su juicio, «abusivas» condiciones establecidas por la Xunta para adherirse a Sogama, según las cuales los municipios tienen dos meses para decidir si esta empresa sigue gestionando sus residuos.

En los últimos meses, la subida en 2014 del canon que la sociedad cobra a los municipios generó gran oposición entre regidores socialistas y nacionalistas, que reclamaron la retirada de dicho incremento. En 2015, Sogama aplicó una bajada del mismo.