El PP protege Santiago y A Coruña y veta la auditoría del Consello de Contas
Los populares rechazan la propuesta de AGE para fiscalizar las cuentas de los ayuntamientos con cargos imputados
Era una propuesta más de AGE, en la línea de las que presenta el partido capitaneado por Yolanda Díaz y Xosé Manuel Beiras, pero ha levantado cierta polvareda. Alternativa Galega de Esquerdas llevó al Parlamento la petición de que el Consello de Contas fiscalice las cuentas de los ayuntamientos con cargos imputados. Sería el caso, por ejemplo, de Santiago y A Coruña, municipios gobernados por los populares, y salpicados por la operación Pokemon. Y de muchos otros, debido a la lista de operaciones contra la corrupción que han golpeado Galicia.
La propuesta tenía una segunda parte en la que se solicitaba una «auditoría sobre los servicios relacionados con las áreas en las que tienen responsabilidad los cargos públicos imputados». El PP ha rechazado ambas medidas, pese al apoyo de todos los partidos de la oposición, incuido el PSdeG, que también quedaría bajo la lupa del Consello de Contas en Lugo y Ourense, otros dos ayuntamientos con cargos imputados.
Batalla política
En Galicia hay más de 26 ayuntamientos con cargos públicos imputados a causa de las distintas operaciones judiciales, como la Pokemon, Patos, Campeón, Manga u Orquesta, según reveló el diputado de AGE Ramón Vázquez. Por ello, consideró “imprescindible” auditar a estos municipios para “conseguir una mayor transparencia”.
Respondió el PP que no. La postura de los populares se fundamentó en la preponderancia de las investigaciones judiciales. La diputada Herminia Pouso defendió que hay investigaciones judiciales abiertas y que lo importante ahora es “dejar actuar a la justicia”. Por lo tanto, consideran no prioritaria la intervención del Consello de Contas que, además, “no tiene capacidad para juzgar, tiene capacidad para examinar y, si observa alguna anomalía, la deriva al órgano competente judicial», sentenció Pouso.
Servicios privatizados y Sogama
Pese a la falta de consenso en este asunto, PPdeG, PSdeG, AGE y BNG han acordado, por unanimidad, que el Parlamento gallego inste a Contas a que fiscalice «los servicios públicos de las administraciones locales que se prestan en modalidad de gestión indirecta, es decir, aquellos externalizados o privatizados».
La Cámara también demandará al ente fiscalizador que realice un informe sobre la «evolución de la situación financiera de Sogama» y el grado de cumplimiento de la legislación en la gestión y tratamiento de los residuos.
