El PP organiza un frente anti Sánchez a costa de Alcoa
Miembros del PP en la Xunta, el Senado y el Congreso llaman a un frente común al resto de partidos para exigir a Sánchez que garantice el empleo en Alcoa
Las dificultades que atraviesa la planta de Alcoa en San Cibrao (Lugo), la última de aluminio primario de España, han movilizado al PP. Representantes del partido en Lugo, en la Xunta, en el Senado y en el Congreso se reunieron este martes frente a la planta. Desde allí llamaron a un frente común para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que garantice el empleo en la factoría.
Alcoa, que acaba de vender las plantas de Avilés y A Coruña, despliega un complejo en A Mariña lucense para la fabricación de alúmina y aluminio. Las instalaciones de alúmina, abastecidas por el gasoducto Naturgy, son rentables, pero la fábrica de aluminio acumula pérdidas castigada por el coste energético. La multinacional decidió recientemente recortar la producción, lo que los populares atribuyeron a la “desidia” del Gobierno de Pedro Sánchez. Desde la Xunta llevan tiempo exigiendo un paquete de medidas que abarate la factura eléctrica a la industria electrointensiva, o lo que es lo mismo, la puesta en marcha del Estatuto del Consumidor Electrointensivo.
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Llamamiento al resto de partidos y por todas las instituciones
En el acto de este martes, encabezado por la presidenta del PP de Lugo, Elena Candiá, hicieron un llamamiento “a todos los grupos políticos a trabajar de manera conjunta, porque la situación está generando incertidumbre e inseguridad».
Como medida «más inmediata» presentarán, según Candiá, una moción en la Diputación que será debatida en el pleno de septiembre a través de la que urgen al Ejecutivo a la aprobación del estatuto de las empresas electrointensivas.
Esta iniciativa, según señalan los populares, será trasladada al resto de instituciones en que la formación tiene representación, como ayuntamientos de la zona y cámaras nacionales y autonómica. A juicio del PP, el Gobierno de Sánchez «no tiene excusas», ya que, aunque está en funciones, podría «dar viabilidad a este documento» a través de un real decreto «que posteriormente ratificaría el Consejo de Ministros».
