El plan de Rajoy y Sánchez: inhabilitar uno por uno a los diputados que incumplan la ley

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DESAFÍO SECESIONISTA

Sánchez y Rajoy en una reunión reciente.

en Barcelona, 06 de noviembre de 2015 (20:09 CET)

El lunes a partir de las 10.00 horas, el pleno del Parlament debatirá la propuesta de Junts pel sí, el partido de Artur Mas, y la CUP para declarar la república catalana. Al mediodía, esa resolución estará aprobada. En ese momento, el Estado pondrá en marcha todos los mecanismos "jurídicos y políticos" para frenar el proceso secesionista.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, han pactado un plan para evitar el desafío independentista que pasa por inhabilitar uno por uno al presidente de la Generalitat, a los consellers y a los diputados del Parlament que incumplan la ley, según ha podido saber Economía Digital de fuentes conocedoras de esas conversaciones. 

Recurso al Constitucional y suspensión

El primer paso es del dominio público. Lo ha especificado este viernes tras la reunión del Consejo de Ministros la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. El Gobierno central presentará un recurso de inconstitucionalidad contra esa resolución ante el Tribunal Constitucional y pedirá su suspensión, es decir, que quede sin efectos hasta que los jueces dicten una resolución definitiva.

El Tribunal acordará esa suspensión a través de una resolución en forma de auto. Lo hará de manera inmediata, probablemente el miércoles. Durante unos días no pasará nada. Los acontecimientos sólo se precipitarán cuando las fuerzas independentistas den su siguiente paso.

Leyes para la desconexión

En el punto cinco de la famosa resolución independentista, el Parlament insta al "futuro Govern" a "iniciar en el plazo máximo de 30 días la tramitación de las leyes de proceso constituyente, seguridad social y hacienda pública".

Así que para que la resolución se pueda cumplir es necesario que ya haya un nuevo Ejecutivo en Cataluña. Ese "futuro Govern" del que habla la resolución. El lunes por la tarde se celebrará la primera sesión de investidura. Se da por hecho que el único candidato propuesto, Artur Mas, no será elegido. Pero es posible que Junts pel sí y la CUP ya hayan llegado a un acuerdo y que, el jueves, en la segunda investidura, se elija a un nuevo presidente de la Generalitat.

Nuevo president

Puede que sea Mas. Puede que sea otra persona. Pero si quiere cumplir el mandato que incluye la resolución independentista, antes de que pase un mes, el nuevo president llevará esas tres propuestas de ley al Parlament para su consiguiente tramitación parlamentaria.

En ese momento empezarán a funcionar los resortes del Estado a través del Tribunal Constitucional. El pasado 16 de octubre, las Cortes aprobaron una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que otorga a esta institución una potestad que no tenía hasta ahora, la de ejecutar sus propias sentencias y resoluciones.

Asegurar el cumplimiento

Esa modificación establece que en caso de "la ejecución de las resoluciones que acuerden la suspensión de las disposiciones, actos o actuaciones impugnadas y concurrieran circunstancias de especial transcendencia constitucional, el Tribunal, de oficio o a instancia del Gobierno, adoptará las medidas necesarias para asegurar su debido cumplimiento sin oír a las partes. En la misma resolución dará audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo común de tres días, tras el cual el Tribunal dictará resolución levantando, confirmando o modificando las medidas previamente adoptadas".

Esta disposición está pensada para el caso catalán. En la misma reforma se contempla que el Constitucional pueda " acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal".

Inhabilitación de políticos y funcionarios

En definitiva, gracias a esa reforma legal, el Tribunal Constitucional puede inhabilitar a los políticos o funcionarios que se salten el auto de suspensión a la torera. Y según el acuerdo alcanzado entre Rajoy y Sánchez, a los magistrados no les temblará el pulso a la hora de aplicar la nueva normativa.

Pero ¿a quién inhabilitarán? Sáenz de Santamaría ha señalado este viernes con claridad a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que es quien ha impulsado la tramitación de la propuesta independentista. Junto a ella podría ser sancionado el letrado del Parlament que ha dado luz verde a esa tramitación.

Actuar contra la resolución del Constitucional

Pero si el nuevo Govern llega a constituirse y presenta las leyes de proceso constituyente, seguridad social y hacienda pública, tal y como se prevé en la polémica declaración de independencia, es más probable que la inhabilitación recaiga sobre el nuevo presidente de la Generalitat y sobre los consellers que redacten y traten de aprobar esas normas en contra de la suspensión del Tribunal Constitucional.

 

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