El Parlamento pide en bloque el traspaso de la AP-9

Aprobado el dictamen para solicitar el traspaso de competencias; el PP utiliza su mayoría absoluta para evitar que se critique al Gobierno por la gestión de la infraestructura

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Todos los grupos del Parlamento gallego votaron a favor de reclamar al Gobierno central la transferencia de titularidad y competencias de la AP-9. El dictamen, impulsado por el BNG, ha sido aprobado con una sola enmienda.

El Partido Popular utilizó su mayoría absoluta para eliminar del texto un párrafo en el que se criticaba al Ejecutivo de Mariano Rajoy por la gestión de la infraestructura, pese a la oposición del resto de formaciones.

Ahora el texto seguirá su tramitación con el debate de totalidad en pleno –fue aprobado por la comisión de Ordenación Territorial– tras lo que se remitirá al Congreso de los Diputados.

Retraso

Durante el debate, la diputada del BNG Ana Pontón ha criticado las «dos varas de medir» en la tramitación de leyes de la Cámara gallega, puesto que mientras que las que impulsa el PP van por «la vía rápida» y se aprueban en «un día», otras proposiciones como esta de la AP-9 «llevan meses durmiendo el sueño de los justos», puesto que el inicio de su tramitación se produjo en septiembre de 2015.

En esta línea, Pontón ha exigido la necesidad de la transferencia de competencias a Galicia sobre esta autopista, ante los peajes «elevadísimos» en la AP-9, entre «los más altos del Estado», con «miles de usuarios atrapados sin una alternativa real» para desplazarse.

La disciplina de voto

Tras recordar que la concesión de la AP-9 se inició en 1973 y que fue el Gobierno de José María Aznar el que la prorrogó en el año 2000 hasta 2048 –agotando el límite legal de 75 años, lo que «solo ocurre en otra autopista» en el Estado, la de Santiago-Dozón–, ha recriminado que se está «regalando el dinero de los gallegos a las concesionarias» mientras se ofrece un servicio «muy deficiente».

Al respecto, la diputada nacionalista ha emplazado al PP a que «vote lo mismo» en Madrid que en Galicia, pues ha criticado que el Parlamento gallego ya aprobó por unanimidad una iniciativa para demandar la transferencia, pero después el Partido Popular en el Congreso votó en contra de esta cuestión.

¿Una AP-9 gratuita?

Por su parte, Raúl Fernández (PSdeG) ha remarcado que «es posible legalmente» la transferencia de competencias del Estado al Gobierno gallego, que considera una «ventaja» para los gallegos, ante «la carga» de precios de peaje existente.

Junto a esto, Juan Fajardo (AGE) ha demandado el «rescate» de la concesión para que «sea gratuita», porque «no se puede continuar fomentado que empresas privadas se beneficien inversiones publicas», que ha identificado con una «política de espolio», pues «es más caro» ir de Tui a Ferrol que «volar a cualquier ciudad de Europa».

De hecho, en la proposición de ley se incluye una disposición que reza que «la Administración General del Estado asumirá las obligaciones económicas y financieras en el caso de que, en el ejercicio de las competencias delegadas en la presente ley, la Comunidad Autónoma acordase el rescate de la concesión de la autopista AP-9 para su reversión al ámbito público».

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