El ‘no’ de Bruselas a Navantia evapora más de 100 millones de inversión en Galicia

Otro mazazo que llega desde Bruselas al sector naval gallego. Todavía con la anulación de las ayudas del tax lease en la retina, ahora es el dique flotante de Ferrol el que no cuadra con la normativa comunitaria. Al menos, no como lo planteó el Gobierno central a la Comisión Europea en una consulta sobre su legalidad. La respuesta ha llegado y es negativa.

Las autoridades europeas consideran que el proyecto cuenta con ayudas estatales o financiación privilegiada al cubrir buena parte de la inversión con fondos públicos. La infraestructura, que llevaba meses a la espera de la bendición de Bruselas, deberá replantearse o aparcarse definitivamente. Si eso ocurre, se escapará de Galicia una inversión de más de 100 millones de euros.

¿Por qué es importante?

El proyecto inicial, con el bipartito en la Xunta, marcó un presupuesto de 60 millones pero, posteriormente y tras varias modificaciones, los técnicos de Navantia y SEPI consideraban necesario casi el doble de dinero. El dique flotante permitiría a Navantia incorporarse al mercado de reparación de grandes buques y barcos de última generación, principalmente gaseros, una de las áreas de negocio más pujantes en este momento.

¿Más importante que el encargo de defensa? Desde luego. ¿Más que el flotel de Pemex? También. Además de abrir un mercado clave,  la millonaria inversión prevista tendría un periodo de amortización amplio, entre 20 y 25 años. Es el tiempo que, calculan los técnicos, podría estar activo el dique ya que, al tratarse de una infraestructura fija en el mar sufre un fuerte desgaste.

¿Es definitivo?

No. No puede serlo al tratarse de una consulta realizada por el Gobierno español y no de la validación de un proyecto consolidado. Sin embargo, echa por tierra el planteamiento presentado, del que ni Navantia, ni Sepi, ni el Ministerio de Economía han revelado nada, a pesar de que entre las fuerzas de la oposición ya se lo han demandado.

¿Qué censura Bruselas?

Sobre este planteamiento, que la propia Bruselas tilda incompleto y falto de concreción, la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea entiende que “no se puede excluir con certeza la presencia de ayuda estatal en el proyecto”, lo que constituiría un caso de financiación privilegiada contrario a la normativa comunitaria, ya que vulnera el requisito de competir en igualdad en el mercado.

La clave está en que los fondos públicos movilizados para la construcción se otorgarían en condiciones “no de mercado”, por tanto, son interpretados por Europa en última instancia como “ayudas” a Navantia. Al tratarse de una obra importante, sobrepasaría el límite de ayudas fijado por la normativa europea para las grandes empresas, situado en el 15%.

¿Cuál es la propuesta?

Por lo tanto, el proyecto se podría cambiar, pero desde el grupo de astilleros públicos no llegó ninguna palabra en este sentido. El planteamiento de Navantia y del Gobierno requería, en principio, que la obra se financiase con el 50% de fondos públicos, mientras que el resto procedería de inversores privados. Al entenderse esta fórmula de financiación como una ayuda pública, el planteamiento naufraga.

Los servicios jurídicos del grupo de astilleros públicos dan pie esta interpretación al reconocer que “teniendo en cuenta las necesidades económicas” del proyecto, “difícilmente podría llevarse a cabo sin incurrir en una ayuda pública o financiación privilegiada, contrarias a Derecho comunitario». Lo cierto es que durante la larga, larguísima, gestación del del dique flotante se habían planteado varias fórmulas de financiación, entre ellas, a través de instancias europeas combinadas con créditos procedentes de las arcas del Estado.

En este último caso, la compatibilidad eventual de todo potencial apoyo público al dique flotante está supeditada al respeto de los techos de ayuda regional a la inversión, es decir, los topes fijados por la Comisión para grandes empresas. El limite se sitúa en el 15%, pero, a pesar de captar inversores privados, Navantia estima que sería necesario cuando menos un apoyo del Gobierno del 50% de la inversión.

¿Hay ‘plan B’?

Se desconoce. Este martes ni Sepi, ni Ejecutivo central, ni Xunta se manifestaron en ningún sentido. En principio, sobre las restricciones que impone Bruselas, cabría esperar una propuesta alternativa, pero todavía no ha llegado. En este sentido se pronunció el PSdeG, que pidió que se calificase el dique flotante como «infraestructura», lo que permitiría incluso competir por fondos europeos para su financiación.

Tanto los socialistas como AGE y BNG pidieron conocer la propuesta enviada a Bruselas. Y aquí está la clave para conocer cómo plantea la construcción del dique el Gobierno y si hay fórmuas alternativas para esquivar las restricciones europeas. Por el momento, los trabajadores de Navantia en Ferrol tienen una razón más para estar enfadados y acusan al Gobierno de «falta de voluntad política» para llevar a cabo un proyecto que solucionaría buena parte de los problemas del naval ferrolano.