El legado de Camps: una deuda de 20.574 millones que ya roza el 20% del PIB

No son buenos tiempos para heredar la Generalitat Valenciana. El actual jefe del Consell, Alberto Fabra, ha iniciado el nuevo curso sabiendo que la deuda autonómica se ha disparado de nuevo en el último semestre del mandato de Francisco Camps o, lo que es lo mismo, en los primeros seis meses de 2011. Así, según los datos del Banco de España, la deuda valenciana creció en este periodo en 1.584 millones hasta alcanzar un tope histórico de 20.574 millones de euros (más de 3,4 billones de las antiguas pesetas).

Los abrumadores guarismos del endeudamiento valenciano tienen diversas lecturas y, en casi ningún caso, la gestión del ex presidente Camps sale bien parada. Desde su llegada a la presidencia en 2003, la deuda ha aumentado en más de un 260%, al pasar de 7.865 millones a los números actuales; además, Camps prácticamente ha triplicado la deuda que dejó su mentor y, posteriormente, rival político en el PP, Eduardo Zaplana, y casi multiplica por nueve el endeudamiento de la etapa de Joan Lerma (PSPV).

Más allá de la deuda total, no obstante, el dato más preocupante que maneja el actual gobierno de Fabra respecto a la herencia de la época Camps es la deuda en relación al Producto Interior Bruto (PIB). Tras los malos datos del primer semestre de 2011, la deuda de la Generalitat supone ya el 19,9% del PIB, lo que deja a la Comunitat Valenciana con el dudoso honor de ser la autonomía con mayor deuda proporcional de todo el estado. Así, mientras la media española de endeudamiento se queda en el 12,4%, la Comunitat sobrepasa el promedio en 7,5 puntos y ya roza la crítica barrera del 20%.

Aplazar el pago de las cotizaciones

Estas cifras de endeudamiento empiezan a tener consecuencias preocupantes en el día a día de la administración autonómica valenciana. Así, la Generalitat ha solicitado un aplazamiento del pago de las cotizaciones del personal laboral a la Seguridad Social, con el objetivo de rascar unos 70 millones de euros. La medida, en principio, sólo se aplicará durante un mes, pero deja en evidencia que la situación de la caja pública valenciana es todavía mucho más preocupante que lo que indican con frialdad las cifras económicas.

En este difícil contexto, la principal misión del gobierno que preside Alberto Fabra se centra, por tanto, en conseguir liquidez. Con las constantes quejas de los proveedores cuyos pagos se demoran meses e, incluso, años y los problemas para hacer frente al pago de nóminas y otros gastos corrientes, el Consell trabaja actualmente para garantizar el normal funcionamiento de la Administración valenciana y, de cara a la galería, para dar una imagen de tranquilidad.

Mercados abiertos “a corto y largo plazo”

El conseller de Economía, Enrique Verdeguer, ha intentado lanzar un mensaje de tranquilidad y ha asegurado que los mercados financieros “están abiertos” para la Generalitat Valenciana “a corto y a largo plazo”. Sin embargo, preguntado por la decisión de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberà, de no devolver los fondos exigidos por su participación en los ingresos del Estado (PIES), Verdeguer ha evitado pronunciarse y lo ha imputado a “la búsqueda de financiación, de liquidez” que todas las administraciones han iniciado en esta época de crisis.

Verdeguer, no obstante, ha querido dejar claro que los problemas de financiación que pueda sufrir el Gobierno valenciano o, en su defecto, cualquier otra administración de la Comunitat, “son los mismos que están teniendo otras autonomías”. Así, achacó dichos problemas a “la coyuntura económica actual”, evitando entrar de lleno en la herencia recibida del periodo de Francisco Camps: una deuda que avanza a pasos de gigante semestre a semestre.