Gerardo Crespo, presidente de la empresa Azetanet, fue considerado el cabecilla de la trama, aunque siempre defendió su inocencia / EFE

El juzgado archiva provisionalmente la ‘Operación Zeta’

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La causa por fraude en subvenciones de cursos de formación queda provisionalmente sobreseída a la espera de un informe pericial

Economía Digital Galicia

Gerardo Crespo, presidente de la empresa Azetanet, fue considerado el cabecilla de la trama, aunque siempre defendió su inocencia / EFE

en A Coruña, 23 de noviembre de 2018 (18:57 CET)

El Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña ha decretado el sobreseimiento provisional de la conocida como ‘Operación Zeta’, la investigación sobre una supuesta trama de fraude en las subvenciones de los cursos de formación. El archivo de la causa se mantendrá hasta que el tribunal disponga del informe pericial encomendado a la Intervención General del Estado, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La fecha en la que se estima que será emitido el estudio, "clave para la instrucción de la causa en la que se investigan presuntos fraudes de subvenciones destinadas a cursos de formación, es el 15 de junio de 2019". Hasta entonces, y debido a la imposibilidad de avanzar en la instrucción, el juzgado ha procedido al sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones.

Una investigación por fraude que dejó 30 imputados

En noviembre de 2014, eran 30 los imputados por el supuesto fraude en cursos de formación, tras una investigación que se inició en diciembre de 2011 y en la que inicialmente se imputó a siete personas. Entre ellas, estaba el empresario coruñés Gerardo Crespo, al que los investigadores consideraban el presunto cabecilla de la trama.

En enero de 2016, el juzgado acordó citar a 25 nuevas personas en calidad de investigadas. De ellas, 21 personas fueron citadas por su presunta participación en un delito de estafa agravada, fraude de subvenciones y falsedad documental.

Cargos públicos de la Xunta implicados

A ellas, se sumó la citación en calidad de investigados de tres cargos públicos en el momento de los hechos, dos de la Xunta de Galicia y otro del Servicio Público de Empleo Estatal, como presuntos autores de un delito de prevaricación. Junto a estos, figuró otra persona como presunto autor de un delito de tráfico de influencias.

Algunas de las personas lograron, sin embargo, su desimputación. Entre ellos, estaba el empresario Francisco Ramón de Lucas, conocido como Pachi Lucas y al que, en el marco de la investigación, se llegó a considerar como el supuesto conseguidor de cursos como "amigo personal" del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

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