El juez ‘pilla’ a la infanta Cristina por tres facturas de 69.900 euros

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El auto que imputa a Cristina de Borbón delitos fiscales y de blanqueo se basa en tres recibos cruzados entre empresas pantalla, que con el concepto “asesoría” se usaron para inflar los gastos y evadir impuestos

La infanta Cristina en Suiza

07 de enero de 2014 (12:52 CET)

Pillada por tres recibos y un despiste de 757 euros. El juez Castro ha imputado a la infanta Cristina al considerar fraudulentas las facturas de Aizoon que primero fueron catalogadas como falsas por la cúpula de la Agencia Tributaria y que, semanas después, se dieron por buenas.

El titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma basa, sin embargo, el abultado auto de imputación [EN DESCARGA: parte I y parte II] en un resquicio de 69.900 euros del montante total, que supera los ocho millones. Por la cantidad menor, que reflejan las facturas dudosas, ha llamado a la Infanta como imputada el próximo 8 de marzo.

La tapadera, al descubierto

En base a esos documentos, Castro habría desenmascarado la tapadera. Las facturas fueron emitidas por Torre Tejeiro Consultoría Estratégica. Esta instrumental del socio de los duques de Palma, Diego Torres, se rebautizó en 2007 a Intuit Strategy.

Los Urdangarín facturaron el importe de 69.900 euros con el concepto de “asesoría” a su propia empresa –Aizoon—. Es el más repetido en la “facturación cruzada” entre empresas.

La barrera del delito fiscal

Castro calcula que sólo con esta maniobra la cantidad defraudada al fisco ascendería a 120.757 euros. Es decir, 757 euros más del límite que fija el delito en el impuesto de sociedades.

Hacienda concluyó en su informe del pasado 14 de noviembre que Aizoon defraudó en cuatro años 281.000 euros, pero que en ningún caso superaba la barrera de 120.000 euros por ejercicio.

Pero en las mismas conclusiones, acepta esa relación de recibos deducibles por importe de 69.900 euros entre la empresa del matrimonio Borbón-Urdangarín y la tapadera de Torres.

Una gota en un mar de gastos

Los gastos forman parte de los ocho millones de euros en “facturas cruzadas” que se intercambiaron las sociedades de la trama.

El objetivo era generar gastos ficticios para repartirse los beneficios de Nóos, empresa que se utilizaba para desviar fondos públicos de Baleares y la Comunitat Valencia.

"Respeto a la justicia"


Los delitos que se imputan a la Infanta están penados con hasta seis años de cárcel. La hija del Rey, en su condición de copropietaria de la empresa familiar participada a medias por el matrimonio Urdangarín, habría participado en el blanqueo de dinero y evadido impuestos.

La Casa del Rey ha publicado una nota con la que muestra “su respeto” a las decisiones judiciales.
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