El juez pide a los peritos que rehagan su informe sobre el accidente de Angrois

Andrés Lago Louro rechaza excluir de la causa el informa de la la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) cuestionaodo por Bruselas

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Con la investigación del accidente ferroviario de Angrois reabierta desde el pasado mes de mayo, el juez que instruye el caso, Andrés Lago Louro, se ha puesto manos a la obra para esclarecer las causas del siniestro. En un auto fechado este jueves, insta a los tres peritos judiciales designados en la causa a emitir un nuevo informe en el plazo de tres meses en el que se analice, entre otras cuestiones, la evaluación de riesgos de la línea y de la curva de A Grandeira, en la que 80 personas perdieron la vida y más de un centenar resultaron heridas.

El juez exige en su escrito a José Manuel Lamela, ingeniero industrial, Juan Carlos Carballeira Rifón, ingeniero de caminos, y César Mariñas Davila, ingeniero de telecomunicaciones, emitir un informe «consensuado». De esta forma, «únicamente en caso de discrepancia que haga imposible el consenso entre los mismos, podrá emitir cada uno de ellos su propio informe», apunta Lago Louro.

Los peritos deberán contestar en su informe a cuestiones como si ha existido y era normativa y técnicamente necesaria una evaluación integral del riesgo de la línea que «tuviera en cuenta la situación de peligro concretamente existente en la curva donde se produjo el accidente». Asimismo, el juez les demanda que arrojen luz sobre «si son o no correctas las evaluaciones de riesgo

Informe cuestionado

En el auto el juez rechaza excluir de la causa el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) relativo al siniestro, una cuestión que demandaba la Plataforma Víctimas Alvia 04155 después de que Bruselas haya concluido que no fue independiente.

Lago Louro asegura que «no ha lugar» a la eliminación de la causa del informe de la CIAF «por carecer de informe jurídico», una sanción «únicamente prevista procesualmente para los casos de diligencias de investigación o pruebas realizadas u obtenidas ilícitamente o con vulneración de derechos fundamentales», «no siendo este el caso» sostiene.

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