El juez archiva la causa contra el alcalde de Becerreá que desató la guerra por la Deputación de Lugo

La justicia llegó tarde para el PSOE. El Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo ha acordado el sobreseimiento provisional de la imputación del alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, el mismo que provocó la crisis de la Deputación de Lugo al desmarcarse de la disciplina de voto y favorecer al Partido Popular.

Martínez estaba imputado y el BNG vetó su candidatura para presidir la corporación provincial, condición que aceptaron los socialistas. Pero Manuel Martínez no. El regidor de Becerreá provocó una crisis interna en el partido y el desgobierno de la diputación al cambiar su voto y permitir la presidencia de la popular Elena Candiá.

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Martínez rectificó parcialmente para permitir una moción de censura que descabalgó a Candiá y devolvió a los socialistas el mando de la corporación, con Darío Campos al frente. Pero continuó votando contra los intereses de su partido, vetando las propuestas que apoyaba el BNG y batallando con la dirección que le abrió un expediente de expulsión. Un lío.

Todo ese caos provocó una imputación en relación a una obra ejecutada por la Deputación de Lugo en el Concello de Portomarín cuando Martínez era diputado responsable del área de Vías y Obras del organismo provincial. Ahora queda archivada.

En el auto notificado el día 15 de abril, el juez señala que aunque el expediente de adjudicación se tramitase por el procedimiento negociado y esta elección podría dar lugar a una «irregularidad administrativa», no es «en ningún caso constitutiva de un delito de prevaricación». «Tampoco se puede apreciar conducta punible», apunta el auto.

A la espera de recurso

La causa en la que fue imputado Martínez se abrió después de que el regidor de Portomarín, Juan Serrano López (PP), denunciase en mayo de 2013 que la junta de gobierno de la Deputación había aprobado una propuesta de presupuesto de actuaciones adicionales a la carretera CP 4902, por importe de 183.455 euros. Estas actuaciones fueron adjudicadas a una empresa cuando la obra llevaba terminada dos años.

En estos momentos, detalló Manuel Martínez a Europa Press, el archivo es provisional y hay un plazo de «cinco a diez días» en los que el alcalde de Portomarín puede recurrir el fallo, por lo que ha manifestado que «hasta que se produzca el archivo» no se pronunciará sobre la decisión judicial.

«En ese momento», ha explicado que convocará a los medios de comunicación a una rueda de prensa en la que responderá sobre esta circunstancia «empleada por el BNG para impedir que ocupase la presidencia de la institución luguesa».