El Igape desata una guerra judicial tras dejar a 120 trabajadores sin seguro

Ejempo práctico de cómo los ajustes en el gasto público derivados de la crisis económica han impactado en los trabajadores. Y no sólo en la resposición de plazas o en las pagas extra, sino también en el disfrute de ventajas laborales que se incorporaron en épocas de bonanza.

El 24 de septiembre del año pasado el Igape comunicó a través de un correo electrónico a sus trabajadores, en la actualidad unos 120 según los datos facilitados por la Consellería de Economía, la finalización de la póliza que, desde al menos 1997, venía suscribiendo con Caser y Mapfre para cubrir a la plantilla con un seguro de accidentes y de vida.

El contrato finalizó en julio, pero se comunicó tres meses después a la plantilla.

Un recorte a última hora

La cobertura suprimida ascendía a más de 30.000 euros en las dos pólizas. Aunque los empleados del organismo dependiente de Economía podían acogerse al contrato que la Xunta tiene suscrita con Mapfre Vida para cobertura de accidentes, fallecimiento e incapacidad, CSIF vio en la medida un recorte en toda regla, que además contradecía el convenio colectivo provincial.

El sindicato explicó a este medio que los trabajadores podían acceder y cobrar, si se diera el caso, de los dos seguros antes de que se suprimiera el del Igape. Critica que se pierden coberturas que antes existían, como el fallecimiento fuera de la jornada laboral. Ante esta situación, decidió plantear una demanda de conflicto colectivo, que resolvió el pasado diciembre el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y a la que se adhirió el comité de empresa del Igape.

Una ley de la Xunta permite eliminar el seguro

El tribunal, en su argumentación, detalla que la cobertura suprimida ascendía hasta los 30.000 euros en el seguro de accidentes suprimido y a 36.000 en el de vida, mientras que el de la Xunta es superior, hasta 40.000 euros por contingencia. También confirma que la plantilla fue informada tres meses después de que desistiera el contrato. Y acaba emitiendo un fallo desestimatorio que da la razón al Igape.

El TSXG se apoya en la ley 1/2012, de Medidas temporales en determinadas materias del empleo público de la Comunidad Autónoma de Galicia aprobada por la propia Xunta y que decretaba la suspensión para todo el personal  de «la concesión o abono de cualquier ayuda derivada del concepto de acción social, así como cualquier otra que tenga la misma naturaleza o finalidad, excepto la ayuda por persona con discapacidad, que no podrá ser superior a la cuantía de 180 euros mensuales por cada persona, mientras esté en vigor esta ley».

La culpa es de la crisis

La Sala de lo Social entendió que, efectivamente, las pólizas de accidentes y vida correspondían al concepto de acción social, que la norma prevalecía jerárquicamente sobre el convenio colectivo provincial y que, por tanto, la Xunta había aprobado una ley que le permitía suprimir los seguros de manera conforme a derecho.

Para que no quedara duda de la naturaleza de la norma, el tribunal especifica que «el precepto responde a la notoria situación de crisis económica en nuestra sociedad, a la caída de ingresos públicos y a la dificultad de financiación del sector público, de modo que adoptar medidas dirigidas a reducir el gasto público aparece como una necesidad ineludible para evitar consecuencias más gravosas a la economía nacional, su valoración internacional o el riesgo de impagos por dicho sector, que justifica la adopción urgente de dichas medidas».

El CSIF, según confirmó a este medio, ha impugando el fallo ante el Tribunal Supremo en un recurso que plantea, entre otras cosas, por qué tardó tres años el Igape en aplicar la normativa aprobada en 2012.