La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la inauguración del XXII Encuentro de Economía de S'Agaró que se celebra en la localidad gerundense. EFE/Robin Townsend. EFE

El Gobierno exhibe el 155 como el manto protector para los catalanes

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Sáenz de Santamaría considera que la aplicación del 155 “es una muestra de respeto a los catalanes”, justo cuando se discute si se mantendrá tras el 21-D

Manel Manchón

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la inauguración del XXII Encuentro de Economía de S'Agaró que se celebra en la localidad gerundense. EFE/Robin Townsend. EFE

en Barcelona, 25 de noviembre de 2017 (06:00 CET)

Un manto protector. Así entiende el Gobierno que está actuando el artículo 155 de la Constitución con los catalanes. Porque la aplicación del artículo, que ha supuesto la intervención de la Generalitat, ha ralentizado la fuga de empresas y ha ofrecido tranquilidad a la sociedad catalana tras meses de convulsión. Fue la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la que expresó este viernes esa visión, en las jornadas económicas en S’Agaró, al entender que se ha tratado de “una muestra de respeto a los catalanes, porque en un mes los catalanes tendrán la posibilidad de votar en unas elecciones legales, con garantías y para poder volver a la normalidad política e institucional”.

Con eso no contaba el bloque independentista. El consejero de Salut, Antoni Comín, admitía en una entrevista en el diario Ara, desde Bélgica, que la aplicación del 155 supuso un baño de realidad, del todo inesperado. Pero para el independentismo ha sido un argumento perfecto para ‘denunciar’ la intervención del Estado, hasta tal punto que en el programa común entre la lista que encabeza Carles Puigdemont, Junts per Catalunya y la de ERC se ha situado la retirada del 155 como una cuestión central de cara al 21-D.

Y es esa puede ser la clave de la política catalana en los próximos meses. Los dirigentes soberanistas entienden que Mariano Rajoy podría mantener esa intervención más allá de la constitución del nuevo gobierno catalán, porque no aceptaría los resultados de una mayoría independentista. El Gobierno está decidido a retirar esa aplicación, como se comprometió el propio Rajoy cuando convocó las elecciones. Pero lo podría reactivar en cualquier momento si esa mayoría independentista apuesta, de nuevo, por la unilateralidad.

El Gobierno se comprometió a retirar el 155 cuando haya un nuevo presidente, ¿pero cómo lo hará?

Los dirigentes de Junts per Catalunya y de ERC se han comprometido por un proyecto bilateral, de negociación con el Ejecutivo español, si alcanzan el gobierno, pero no hay garantías, y Rajoy no las tiene, de que no se impulse, otra vez, un proyecto independentista que quiera desarrollar la república catalana.

Fuentes jurídicas señalan que en el acuerdo del Senado se indica que la medida tendrá un carácter temporal, que coincidirá con la votación de la investidura del nuevo presidente de la Generalitat. Pero el consejo de ministros que aprobó las medidas, previo al pleno del Senado, indicó que se aplicará hasta la restauración de la normalidad institucional. ¿En qué momento se entenderá que se ha llegado a esa normalidad? ¿Qué margen de discrecionalidad tendrá el Ejecutivo español?

Más allá de ello, lo que el Gobierno teme, como aseguran fuentes del PP, es que las elecciones no esclarezcan la situación, y que se llegue a un nuevo bloqueo que haga necesaria una nueva consulta electoral. Algunas voces que han buscado un acercamiento entre el gobierno catalán y el gobierno central en los últimos meses, como el expresidente del Círculo de Economía, Antón Costas, señalan que no quedará más remedio que votar en repetidas ocasiones hasta que se logre la gobernabilidad de la Generalitat. ¿Cómo?

Soraya Sáenz de Santamaría insistió en S’Agaró en que el objetivo es “revertir los daños causados por el procés”, y que se trata de dos grandes daños: la fractura social, y una factura “difícil de pagar por las pérdidas económicas”. Ante una nutrida presencia de empresarios, la vicepresidenta incidió en que todo dependerá del voto de los ciudadanos catalanes, y que está en juego “la duración e intensidad de la incertidumbre”.

Moncloa ve con buenos ojos los intentos de Iceta para capitalizar un voto que supere los bloques enfrentados

Pero lo que indican las encuestas, por ahora, es que los resultados dejarán dos grandes bloques casi empatados, y que será muy complicado alcanzar acuerdos transversales que permitan la gobernabilidad.

En ese caso, desde la Moncloa, se ve con buenos ojos que el PSC intente capitalizar un voto que sirva para superar ese bloqueo. El PP catalán está dispuesto a facilitar las cosas al socialista Miquel Iceta, pero para que ello pudiera tener éxito se debería añadir Ciudadanos y Els Comuns, el partido de Ada Colau. Sin embargo, cada fuerza política tiene sus propios intereses, con el objeto de arrastrar a las otras. El problema que el Gobierno tiene claro que se debe esclarecer es saber qué líder puede concitar mayores apoyos en el Parlament. Y eso se dirime entre Iceta, Inés Arrimadas, Xavier García-Albiol y el propio candidato de Catalunya en Comú (Els Comuns), Xavier Domènech. El sistema parlamentario será el que gane las elecciones, porque, sin mayorías absolutas, todos los grupos deberán encontrar mecanismos para poder formar gobierno, aunque sea en minoría, con apoyos externos.

El soberanismo no sabe cómo aterrizar de la proclamación de la república a la negociación del día a día con el Gobierno

Sáenz de Santamaría admitió que su apuesta por negociar mejoras sectoriales, desde infraestructuras hasta la financiación autonómica, no tuvo ningún éxito porque, según ella, el presidente Puigdemont sólo quería negociar el referéndum.

Ahora, sin embargo, ha llegado el momento de volver sobre esas cuestiones. La vicepresidenta del Gobierno pidió que el nuevo gobierno que salga de las urnas deberá negociar el nuevo modelo de financiación en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y aseguró que si el nuevo Gobierno entra en esa senda, se podrá negociar: “Sólo respetando la convivencia podremos seguir creando bienestar y las empresas que se han ido se plantearán volver, y se harán realidad proyectos que se han paralizado. Si de las elecciones del 21-D sale un Govern dispuesto al diálogo, tendrá un cómplice absoluto en el Gobierno de España”.

Ahora dependerá de cómo gestione el soberanismo el necesario aterrizaje que le espera. Tanto Marta Pascal (Pdecat) como Marta Rovira (ERC), seguran que ya se ha renunciado a la unilateralidad. Pero pasar de la proclamación de la república a negociar mejoras en infraestructuras será muy duro y frustrante para muchos de sus votantes.

 

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