El Gobierno eliminará el blindaje laboral de los estibadores con un decreto

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CONFLICTO LABORAL EN LOS PUERTOS

Contenedores en el Puerto de Barcelona

en Barcelona, 23 de febrero de 2015 (21:30 CET)

El Gobierno tiene ante sí un reto complicado: liberalizar la estiba en España. La ministra de Fomento, Ana Pastor, presentará previsiblemente el jueves el borrador del proyecto ante sindicatos y patronales. El cambio en el sector es de obligado cumplimiento. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) obliga al Ejecutivo a desmontar el blindaje laboral de uno de los colectivos que mejor han sabido preservar sus condiciones de trabajo.

Pastor deberá actuar con guante de seda. Una huelga de los 4.000 estibadores que trabajan en los puertos españoles es un escenario al que ningún Gobierno se quiere enfrentar y menos en año electoral. Por los Puertos del Estado pasan el 60% de las exportaciones y el 80% de las importaciones. Se trata de unas infraestructuras clave del país.

¿Qué exige Europa?

La sentencia del tribunal de Luxemburgo desmonta el actual modelo de estiba, muy criticado por los empresarios que lo consideran excesivamente proteccionista. Las empresas del sector no pueden contratar libremente a sus trabajadores, sino que están obligadas a adquirir una participación en el capital de sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (Sagep), que son las que se encargan de facilitar la mano de obra necesaria bajo las condiciones fijadas por el acuerdo marco.

La sentencia, que llega después de una denuncia de la Comisión Europea, señala que esta situación vulnera el derecho de libre establecimiento y pone a las empresas estibadoras en una situación que escapa a su control. Las Sagep, que actúan como bolsas de empleados, obligan a contratar a un número mínimo de trabajadores bajo unas condiciones fijadas por un acuerdo marco y que es innegociable. "Esta situación puede impedir a empresas de otros estados miembros establecerse en los puertos españoles de interés general para desarrollar en ellos una actividad de manipulación de mercancías", recoge la sentencia.

Hace un año, Douglas Schulz, consejero delegado de la firma Noatum, realizó unas polémicas declaraciones en las que aseguraba que los costes laborales en España son excesivos, situándolos en el 52% del total. Además, indicó que en puertos como Felixstowe, Sines o Amberes, "los estibadores perciben el 50% del salario que cobran en Valencia (90.000 euros), Barcelona (75.000) o Bilbao (78.000), y trabajan un 12% más de horas al año: 1.800 horas frente a 1.600. La liberalización daría la opción a los empresarios a rebajar esos salarios.

 

Puerto del Estado, entre la espada y la pared

Ésta no es una batalla que interese al Gobierno. El Ejecutivo de Rajoy se negó a seguir las condiciones que exigía la Comisión Europea, que finalmente acabó denunciando en 2013 la situación al TJUE. No obstante, tiene que tomar parte y hacerlo en contra del modelo actual. El cambio legislativo se debe aplicar como muy tarde en abril, aunque no es descartable que se pidan prórrogas

Fuentes de Puertos del Estado indican que el borrador que Pastor presentará el jueves –aunque algunas fuentes sindicales señalan que la reunión podría acabar celebrándose el miércoles-- se mueve en dos direcciones: nivelar las condiciones laborales a estándares europeos y eliminar el modelo de Sagep para garantizar la libre competencia entre empresas.

 

El misterioso borrador

Desde hace días, en el sector circulan todo tipo de especulaciones. Incluso, el medio especializado Naucher publicó el supuesto borrador que se presentará esta semana. El documento especifica que las Sagep serán sustituidas por centros portuarios de empleo (CPE), que deberán asumir a los actuales trabajadores de Sagep. El proceso se realizará mediante un proceso de transición de un año y medio, en que una vez finalizado, se habrán extinguido todos los contratos antiguos bajo las actuales condiciones.

El nuevo modelo también supondrá que cuando los trabajadores desarrollen tareas en el ámbito de la empresa usuaria, el centro portuario de empleo conservará el carácter de empresario, aunque las facultades de dirección y control de la actividad laboral serán ejercidas por la empresa usuaria.

 

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