Vista del Pazo de Meirás en el concello coruñés de Sada | EFE

El Gobierno demanda a los Franco por fraude en la compra de Meirás

La Abogacía del Estado exige a los Franco la devolución del pazo de Meirás porque el dictador compró el inmueble de manera fraudulenta

El Gobierno entra de lleno en la batalla por recuperar el Pazo de Meirás. Un acta notarial de 1938 ha servido a la Abogacía del Estado para armar una demanda que forzaría la devolución del inmueble a titularidad pública, objetivo durante años perseguido también por la Xunta, la Diputación de A Coruña y el Concello de Sada. La ofensiva desde las administraciones acabó por empujar a los Franco a poner a la venta el pazo a través de una inmobiliaria cántabra hace un año. Ahí sigue, sin que haya trascendido interés de nadie por comprarlo.

El frente judicial que abre el Gobierno en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña se fundamenta en que la venta al dictador de las Torres de Meirás fue fraudulenta, pues, en realidad, los descendientes de Emilia Pardo Bazán ya lo habían vendido 3 años antes. Según avanzó El País, el documento decisivo es un acta notarial de agosto de 1938 en el que la llamada Junta pro Pazo del Caudillo, integrada por el Gobierno Civil, la Diputación y el Ayuntamiento controlados por el franquismo, se hacía por 406.346 pesetas con la propiedad.

Meirás se vendió dos veces y las dos acabó en las manos de Franco

El dinero lo puso un préstamo del Banco Pastor que luego sería devuelto mediante fondos públicos que se detraían de las nóminas de funcionarios o de los ayuntamientos, pues la intentona de una cuestación popular acabó en fracaso. El problema es que tres años después, el 24 de mayo de 1941, se rubricó un contrato de compraventa entre el dictador y la viuda del hijo de Emilia Pardo Bazán, Manuela Esteban Collantes. El pazo se vendió dos veces.

A juicio de la Abogacía del Estado, explica El País, Franco simuló una venta que no tenía objeto, pues el inmueble había sido vendido tres años antes y donado a la jefatura del Estado. La fraudulenta operación se cerró por una cuantía “irrisoria” a juicio de los demandantes, pues ascendía a 85.000 pesetas. El contrato permitió al dictador inscribir el inmueble a su nombre en el Resgistro de Propiedad, no sin antes corregir una escritura de herencia de 1940 en la que el nieto de Emilia Pardo Bazán se había “olvidado” de incluir entre los bienes familiares el Pazo de Meirás.

Arrebatar Meirás a los Franco

En la interpretación de la Abogacía del Estado, el inmueble estuvo siendo reformado con fondos públicos desde 1938 y era utilizado como un edificio del régimen, con personal laboral que manejaba documentos oficiales, por lo que el nuevo contrato de compraventa carecía de objeto. La que fue residencia de verano del dictador había sido ya vendida años antes y entregada al Jefe del Estado en un acto oficial.

La demanda exige la rectificación del Registro de Propiedad, la nulidad del título de donación de 1938, la modificación de la partición de herencia de Carmen Franco y la declaración de la operación de 1941 como venta fraudulenta. Según la Abogacía del Estado, la simulación de la compraventa para encubrir la donación de 1938 era un delito de falsedad en documento público ya tipificado en el Código Penal de entonces.

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