El Gobierno de Santiago en el aire: dimiten siete concejales

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Los ediles condenados por prevaricación e inhabilitados proclamaron su inocencia tras una reunión con la cúpula del partido

Los siete ediles de Santiago imputados | EFE

02 de junio de 2014 (20:28 CET)

Se daba por hecho que los siete ediles del Concello de Santiago condenados por prevaricación dimitirían, pero se desconocía cuándo. Ha sido pocas horas después de conocerse la sentencia del juez, que los inhabilitó para ejercer cargo o función pública durante nueve años. Son los mismos concejales que acordaron costear la defensa del que fuera su compañero de partido (PP) y de Gobierno, Adrián Varela, implicado en la investigación de la Operación Pokemon. Aquella decisión, “atropellada y precipitada”, según la califica el auto del juez, fue constitutiva de un delito de prevaricación al destinar fondos públicos a beneficio de un compañero y, por tanto, en contra del interés colectivo.

Conocida la sentencia se multiplicó la crisis que agita al ente municipal desde la salida de Conde Roa, también por sus problemas con la justicia. La dirección del PPdeG se reunió con los ediles condenados obligada a cumplir su promesa, que decía, a grandes rasgos, que una sentencia condenatoria obliga a los cargos del partido a dimitir. Así fue, a pesar de que el fallo es todavía recurrible.

¿Y ahora qué?

Tras la reunión, a la que asistieron el secretario general, Alfonso Rueda; el presidente del PP de A Coruña, Carlos Negreira; el secretario general del PP en esta provincia, Diego Calvo; y el alcalde de Santiago, Ángel Currás, los siete concejales leyeron un comunicado en el volvieron a proclamar su inocencia, pese a que la sentencia sostiene que "injustamente y prevaleciéndose de su condición de autoridad, obraron a sabiendas de la arbitrariedad del acuerdo que estaban adoptando".

La cuestión fundamental es qué sucederá ahora con el Gobierno de Santiago. El PPdeG se comprometió a tomar una decisión de urgencia, pero por el momento no ha trascendido. Podría simplemente sustituir a los concejales o incluso intervenir la corporación. La otra opción es convocar unas elecciones con claro riesgo de perder el bastón de mando que tanto tiempo costó a los populares conseguir.
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