El Gobierno de Mas: “Con la decisión del TC no ha acabado nada”

Presentará alegaciones contra la suspensión de la consulta del 9N, pero suspende la campaña institucional

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Nada ha cambiado. Todo sigue igual. Y si las movilizaciones sociales se incrementan, mejor. El Govern de la Generalitat que preside Artur Mas ha llegado a esa conclusión, momentánea, tras la suspensión cautelar de la consulta del 9 de noviembre decidida por el Tribunal Constitucional.

“Con la decisión del Constitucional no ha acabado nada”, ha asegurado el conseller de Presidència, Francesc Homs, que ha dado cuenta del acuerdo del Ejecutivo catalán para presentar alegaciones ante el TC. El objetivo es que se “levante la suspensión”, y que, “si ha ido tan rápido a la hora de suspender la consulta” –es obligado hacerlo cuando se recibe un recurso del Gobierno– “lo haga también ahora para dictar la sentencia”.

Mas querría que esa sentencia llegara antes del 9N, aunque la suspensión cautelar se podría mantener por un plazo máximo de cinco meses.

Suspensión de la campaña institucional

La actitud del Govern, por tanto, es clara, aunque tampoco quiere iniciar una confrontación directa contra el Gobierno y contra las instituciones del Estado. Por ello, el Ejecutivo de Artur Mas ha decidido suspender la campaña institucional del 9N, “para no cargar sobre las espaldas de nadie posibles efectos de la suspensión del TC”.

Es decir, para que no se vean afectados funcionarios u organismos como la Corporació de Ràdio i Televisió de Catalunya (CCRTV). Eso sí, Homs ha apoyado, de forma indirecta, que el movimiento ciudadano pueda seguir presionando al Gobierno central para celebrar la consulta.

El pulso es evidente. Aceptar lo que jurídicamente sea inevitable, pero jugar también la carta jurídica para ganar unos días y mantener la tensión.

Elecciones anticipadas

“La partida no se ha acabado”, ha insistido Homs. Sin embargo, el conseller y portavoz del Govern también ha anunciado que Mas se entrevistará en los próximos “dos o tres días” con los líderes de las fuerzas políticas pro consulta, “de forma bilateral o con todos”, para encontrar una salida ante la imposibilidad de realizar el referéndum del 9 de noviembre.

Y esa salida sólo podría pasar por unas elecciones anticipadas. Antes, el Govern de Artur Mas seguirá insistiendo en que la consulta “es perfectamente legal”.

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