El Gobierno dará el control de las Cámaras a las empresas que más paguen

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Ofrecerá mayor representación en los órganos de gobierno y beneficios fiscales a las compañías que hagan mejores contribuciones

Celso Delgado, diputado del PP, y Alfonso Alonso, portavoz del PP en el Congreso | EFE

17 de febrero de 2014 (02:47 CET)

El viaje de destino incierto que emprendieron las Cámaras de Comercio hace tres años, cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero suprimió la cuota cameral obligatoria que abonaban las empresas a estos organismos y eliminó de un plumazo su principal fuente de ingresos, parece encarar su recta final. El Congreso dio luz verde a la Ley de Cámaras la semana pasada que debe establecer el marco de financiación y gobierno de estas decimonónicas instituciones, nueve de ellas asentadas en territorio gallego.

Desde la supresión de la cuota cameral, las Cámaras han pasado años en un limbo legal, sabiendo que son corporaciones públicas y con responsabilidades públicas, pero sin financiación asegurada. Tampoco la tendrán a partir de ahora. Las aportaciones de las empresas serán voluntarias pero el Gobierno busca determinados mecanismos para incentivarlas. Uno de ellos será ofrecer una mayor representatividad en los órganos de gobierno a las compañías que más contribuyan, es decir, que aporten donaciones más jugosas.

Incentivos fiscales

Este mecanismo compensatorio para los contribuyentes más generosos pasa porque ganen peso en el pleno, el máximo órgano de gobierno y representación de cualquier Cámara, a través de vocalías. La nueva normativa, de hecho, establece que los representantes de las empresas serán como mínimo dos tercios del pleno, en lugar de la mitad más uno de la ley anterior. En la Cámara de Comercio de España, el organismo central con representación de las Cámaras de cada autonomía, el Ministerio de Economía también se reserva la elección de 28 vocales entre las empresas que más contribuyan.

El Partido Popular, informa el diputado ourensano, Celso Delgado, espera que la Ley de Mecenazgo, en tramitación en estos momentos, complemente estas medidas incorporando incentivos fiscales para las compañías que aporten voluntariamente dinero. Está por definir en qué consistirían estas mejoras en la fiscalidad ya que, actualmente, las empresas ya se benefician de formar parte de las Cámaras con deducciones en el impuesto de sociedades y en el impuesto sobre la renta.

Aunque las iniciativas parezcan alejadas de la horizontalidad y el rigor democrático –el texto legal insiste siempre en preservar la representatividad del tejido industrial de cada región--, lo cierto es que tienen más que ver con la necesidad de un nuevo modelo de financiación para las instituciones.

Las cazadoras de subvenciones

Básicamente, el Gobierno piensa en tres líneas maestras, entre ellas, las aportaciones voluntarias de las empresas. La otra se ha ido dibujando a lo largo del último año y tiene que ver con los servicios de pago ofrecidos por las Cámaras a las empresas. Tras la eliminación de la cuota cameral, esta actividad, junto al desarrollo de programas con fondos europeos, han ocupado el tiempo de unos organismos más delgados y con menos servicios que antes. No es nada especialmente novedoso.

La otra vía abierta son los convenios para el desarrollo de programas con instituciones municipales, autonómicas o estatales. Es decir, las Cámaras podrán proponer proyectos a las administraciones con el objetivo de lograr la financiación suficiente para desarrollarlos. Cazarán subvenciones, por así decirlo, con sus propuestas.

Las elecciones se retrasan

Mientras se tramita la nueva norma, que la Xunta tendrá que adaptar posteriormente a Galicia en un periodo máximo de un año desde su entrada en vigor (era de seis meses pero se ha ampliado), las Cámaras de Comercio siguen en stand by. Este año deberían celebrar elecciones pero se aplazarán hasta que la nueva ley defina perfectamente el mecanismo y la composición de los órganos de dirección.

Se sigue prolongando, por tanto, el viaje a la deriva que ha abierto numerosas vías de agua, en forma de reducción de servicios y despidos, en las nueve Cámaras gallegas. La de Lugo está regida por una junta gestora tras el abandono de parte de los trabajadores, que acumulaban meses sin cobrar, y directivos. La Xunta gestiona la Cámara de Ferrol, donde se produjo una situación similar. En el resto han tenido que asumir recortes y despidos, una situación que es extensible al conjunto del Estado.
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