El Gobierno blindó la concesión de la AP-9 a Audasa
El Ejecutivo reconoce que tendría que indemnizar a la concesionaria en caso de no subir los peajes o modificar el contrato
Continúa la tormenta política alrededor de las tarifas de los peajes de la AP-9, la vía que vertebra Galicia de norte a sur. Después de que la Xunta reclamase la titularidad de la autopista, ahora bajo el paraguas del Ministerio de Fomento, la diputada del BNG, Rosana Pérez, pidió explicaciones al Gobierno sobre la última subida en los precios aplicada a comienzos de año, del 1,85%.
El Ejecutivo justificó la medida argumentando que los contratos concesionales tienen reconocido legalmente el derecho a que a principio de cada ejercicio se actualicen los precios de los peajes en función fundamentalmente del IPC. En este sentido, explicó que, de no hacerlo, «acarrearía consecuencias económicas desfavorables para el erario público» ya que los contratos de las concesiones de autopistas de peajes se rigen por una normativa específica que incluye la posibilidad de exigir indemnizaciones con cargo a los Presupuestos Generales en caso de incumplimiento.
Responsabilidad para Audasa
Del mismo modo, el Gobierno admite que alterar la concesión actual de la empresa del grupo Itínere conllevaría «una indemnización a la concesionaria». Responde así a las distintas fuerzas políticas que, desde Galicia, critican las continuas subidas que está aplicando Audasa en la vía.
El Gobierno recuerda que es la propia Audasa la que puede ofrecer descuentos comerciales en la autopista, «previa aprobación de los mismos» por parte del Gobierno central, y que siempre deben estar «justificados en aras del interés público». Precisamente, la AP-9 ya ofrece la gratuidad en los tramos O Morrazo-Vigo y A Coruña-A Barcala, y también bonificaciones parciales en el peaje entre Pontevedra y Vigo basándose en este mecanismo.
