El Gobierno aprueba las nuevas indemnizaciones para víctimas de accidentes ferroviarios
Los seguros para víctimas se duplican y se establece un protocolo de coordinación de administraciones autonómicas, Estado y Renfe
A punto de cumplirse un año de la tragedia del Alvia que segó la vida de 79 personas en su trayecto hacia Santiago de Compostela, el Consejo de Ministros ha aprobado por Real Decreto un nuevo plan integral de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios, que incluye un cambio en el seguro obligatorio por el que se duplican las indemnizaciones.
La iniciativa forma parte del paquete de 22 medidas que la ministra de Fomento, Ana Pastor, puso en marcha hace un año tras el accidente de tren que tuvo lugar el 24 de julio de 2013. Con ella, el Gobierno busca “mejorar la asistencia integral y garantizar el apoyo y la atención a las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares”. Para ello, la nueva norma establece «protocolos de coordinación entre todos los agentes implicados en un accidente para que actúen de forma adecuada».
Indemnizaciones
El Real Decreto por el que se aprueba esta norma incluye, a través de una disposición adicional un incremento del baremo de indemnización actualmente fijado en el Reglamente del Seguro Obligatorio de Viajeros.
De esta forma, en caso de siniestro, «la persona accidentada o los beneficiarios del seguro percibirán una indemnización que duplicará la contemplada actualmente en el reglamento», aseguró Pastor.
En cuando al nuevo sistema de atención a las víctimas, recoge por un lado las actuaciones que debe garantizar la Administración General del Estado, por otro lado la que corresponde a las comunidades autónomas y, por último, la de las empresas ferroviarias.
Los deberes de cada administración
En cuanto a las medidas que corresponden a la Administración central, contempla todo lo relacionado con la comunicación con embajadas cuando se registren víctimas de otras nacionalidades, la gestión de visados para entrar o salir en el país y la tramitación de viajes para familiares de víctimas, además de medidas administrativas para repatriación de fallecidos si fuera necesario.
Respecto a los planes de las comunidades, la nueva norma de actuación regula todo lo relacionado con la prestación de asistencia psicológica, la protección de su identidad y privacidad, la habilitación de espacios privados para los familiares, y la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las policías autonómicas.
En cuanto a las empresas ferroviarias, deberán facilitar información sobre las personas que viajaban en el tren accidentado, habilitar instalaciones para dar asistencia, atención e información a los familiares y garantizar el transporte de las víctimas y sus familias y algo «tan importante para los familiares de las víctimas» como el depósito y devolución de los efectos personales, según detalló la titular de Fomento.
Comisión de Investigación
Por otro lado, el Consejo de Ministros ha modificado la norma que regula la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.
El texto amplía de la duración del mandato de sus integrantes desde cuatro hasta seis años, pero elimina la posibilidad de reelección para el cargo. Recoge de forma expresa los supuestos de cese en el cargo de los miembros del pleno de la comisión, así como las funciones de su presidente.
