El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, durante su participación en un desayuno organizado por la Cadena SER en Alicante.

El Gobierno pone en el punto de mira más de 200.000 viviendas vacías de Galicia

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El Ejecutivo de Pedro Sánchez valora incorporar penalizaciones a los propietarios de viviendas vacías en una nueva ley estatal

Economía Digital Galicia

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, durante su participación en un desayuno organizado por la Cadena SER en Alicante.

en A Coruña, 19 de septiembre de 2018 (05:00 CET)

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene en su agenda la gestación de un pacto por la vivienda que se materialice en una nueva ley estatal. Entre las iniciativas que maneja el Ejecutivo está la posibilidad de establecer “medidas coercitivas” contra los propietarios de viviendas vacías. Así lo recoge un informe interno del Ministerio de Fomento que desveló El País y que plantea penalizaciones, no solo en aquellos inmuebles propiedad de bancos o fondos de inversión, sino también de personas físicas.

El titular de la cartera, José Luis Ábalos, matizó que, si bien la intención del Gobierno es alumbrar una nueva política de vivienda y revisar los planes de las distintas comunidades, es necesario “acotar” el concepto de vivienda vacía para hablar de penalizaciones, tarea en la que debería definirse si se verían afectados y de qué manera los inmuebles sin uso de promotoras, bancos, fondos o personas físicas.

Las viviendas vacías en Galicia

La puesta en marcha de esta iniciativa podría afectar de manera notable a Galicia, donde se toma como referencia un dato del INE correspondiente al ejercicio 2011 que cifró en 299.301 las viviendas vacías en la comunidad, el porcentaje más elevado de España en relación a las viviendas registradas.

Una segunda estimación mucho más actualizada la hizo pública la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) en un estudio de comienzos de este año, aunque solo para las provincias de Ourense y Pontevedra. En el sur de Galicia había unas 139.500 viviendas vacías, concentrándose fundamentalmente en las ciudades de Vigo (14.950), Ourense (13.200) y Pontevedra (6.886). Consecuentemente, los inmuebles sin habitar en la totalidad del territorio gallego no deberían estar muy lejos de las mencionadas 300.000 unidades.

El abandono masivo del rural, la emigración juvenil, la crisis demográfica o las dificultades de las zonas de interior para revitalizar su actividad económica estaban entre las razones apuntadas por la patronal inmobiliaria del elevado número de viviendas vacías.

Blackstone, Sareb y la banca

La intención del Gobierno, o así lo presentó Pedro Sánchez cuando anunció la intención del Ejecutivo de alumbrar una nueva ley, es h garantizar la función social de la vivienda y evitar que actividades especulativas perjudiquen las posibilidades de los ciudadanos para acceder a una residencia, apuntando sin explicitarlo a los inmuebles en manos de las entidades financieras o de fondos de inversión. 

No existen datos sobre el número de viviendas que maneja la banca. Los principales actores en Galicia son el fondo norteamericano Blackstone en alianza con Banco Santander, quienes controlan la antigua cartera inmobiliaria de Banco Popular; la Sareb, heredera de los inmuebles de activos tóxicos de la banca nacionalizada, incluidas las quebradas cajas gallegas; y Abanca.

Garantizar la función social de la vivienda

El informe de Fomento recalcaba la necesidad de homogeneizar la diversidad de normativas que en materia de vivienda desarrollan las comunidades autónomas para evitar las actuales desigualdades, señalando que existen medidas que contemplan sanciones, cesión, alquiler forzoso e incluso expropiación de inmuebles en manos de bancos, sociedades de gestión de activos y propietarios; conviviendo con otras comunidades que vendieron parques públicos de vivienda a sociedades de inversión. 

Alude Fomento a la venta en la Comunidad de Madrid de vivienda protegida a fondos de inversión, unos 3.000 inmuebles que ahora están en manos de Blackstone. José Luis Ábalos, en declaraciones a Cadena Ser, insistió en la necesidad de que la nueva normativa “garantice la función social de la vivienda” y que nadie pueda hacer negocio “con la aportación de los españoles a obra social”.

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