El Gobierno acuerda con comunidades y sector recurrir la devolución del ‘tax lease’
No obstante, de momento, no se solicitán medidas cautelares
El Gobierno ha acordado de forma “consensuada” con las comunidades autónomas afectadas, las empresas y los sindicatos del sector naval la presentación de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la decisión de la Comisión Europea acerca de la devolución del tax lease. La petición deberá ser presentada antes del 28 de septiembre y, por el momento, no estará precedida de una solicitud de medidas cautelares.
«Hemos llegado a la conclusión de presentar un recurso previa preparación», anunció el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, tras la reunión. El Gobierno dice que los argumentos «son muy sólidos» y «lo siguen siendo ahora», por lo que las autoridades y el sector no cejarán en su denuncia de «una decisión mejor que la anunciada previamente, pero lejana a la pretensión y el deseo de las partes implicadas».
Medidas cautelares
La semana pasada Bruselas dio un fuerte mazazo al sector naval español. La Comisión ordenó la devolución de todas las bonificaciones fiscales que los inversores consiguieron al amparo del tax lease durante los años 2007 y 2011.
Los participantes en la reunión de este lunes, entre los que estuvo el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, tienen “cerrada” la decisión de recurrir, aunque dejan “abierta” la de presentar medidas cautelares.
Reunión con los inversores
En paralelo, el Ministerio de Hacienda «está en contacto con los inversores» y ya ha celebrado «una reunión», que servirá junto con otras para fijar «las cantidades exactas afectadas por la decisión», añadió.
Feijóo valoró la «unidad de actuación sin precedentes» en torno a este asunto y consideró que las comunidades autónomas, el Gobierno, las empresas y los sindicatos han hecho «un buen trabajo» en la defensa del naval, en el que «se mantiene la esperanza» y se puede «mirar al futuro».
«Vamos a mantener el grupo de trabajo abierto» con el objetivo no solo de «tutelar la salida del impás de los últimos años para volver a contratar» en el sector, sino también de supervisar «la imposición de un recurso fundado en Derecho». Este recurso es «razonable» y se presenta «por coherencia, por responsabilidad y por no ir contra los propios actos», así como «por la defensa de los puestos de trabajo y la continuidad del sector».
