El gasto social absorbe el 71% del recorte en las cuentas de la Xunta

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La mayor reducción recae sobre infraestructuras, que pierde 65 millones respecto a 2012

Elena Muñoz presenta los presupuestos

29 de diciembre de 2012 (03:29 CET)

La conselleira de Facenda, Elena Muñoz, entregó este viernes el proyecto de Lei de Orzamentos para el año 2013 a la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo. En el texto, se recoge una caída del 2,5% en las cuentas públicas, que contarán con 222 millones menos que en el actual ejercicio.

La mayor parte del recorte, un 71%, recaerá sobre las consellerías de contenido social. Cultura e Educación dispondrá de 96,5 millones de euros menos, registrando una caída del 4,3% en su presupuesto. También se rebaja la partida de Sanidade, que sufrirá un recorte de 51 millones de euros --un 1,5% menos--. Mientras que Traballo e Benestar, contará con un presupuesto 740,9 millones de euros, 12 millones menos que en 2012, lo que supone una caída del 1,6%. En total, suman un recorte de 160 millones de euros, más de un 70% de los 222 millones que descontará la Xunta en los presupuestos del año próximo.

La mayor parte de este recorte, sin embargo, será a costa de los ajustes salariales acometidos por la Xunta. Así lo defendió la conselleira de Facenda, quien explicó que los descensos están “afectados” por la contención en gastos de personal, relacionadas con el recorte en la retribución de los trabajadores públicos. Por ello, afirmó que, a pesar de la caída, los presupuestos “son efectivamente sociales", puesto que el 77,1% del gasto se destina a servicios públicos básicos. "Casi ocho de cada diez euros", enfatizó.

Inversión


El departamento más perjudicado por el recorte será Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. La consellería contará con 441 millones para el siguiente ejercicio, un 13% menos, tras una reducción de 65 millones. En general, las consellerías con capacidad inversora han sido, proporcionalmente, las más afectadas por la necesidad de cumplir con el objetivo de déficit público, que impuso un recorte de 222 millones.

El fondo de crecimiento creado por la Xunta en estos presupuestos y dotado con 386 millones quizá pueda asumir parte del previsible descenso en las inversiones. Aunque el Gobierno gallego no ha definido con claridad su funcionamiento.

El objetivo del fondo es “sentar las bases en los primeros dos ejercicios de la legislatura que permitan que la economía gallega vuelva a crecer en la segunda parte”, según especificó la consellería de Facenda. Por lo que más que una sprint inversor, debe entenderse como una carrera de fondo cuya meta, si no desfallece en el camino, se vislumbrará en la segunda parte de la legislatura. Por el momento, la Xunta se centrará en mantener las infraestructuras actuales y en avanzar las que tiene comprometidas, como el hospital de Vigo.

Sólo crece la partida de Facenda


La única consellería que contará con más recursos en relación al año pasado será la de Facenda, que verá incrementada su partida presupuestaria un 4,5% --2,3 millones--, hasta alcanzar los 54,4 millones.

Las demás pierden capacidad de gasto, principalmente aquellas con capacidad inversora. La Presidencia de la Xunta tendrá un presupuesto de 172,2 millones de euros --un 3,2% menos--, la Vicepresidencia controlará 201,7 millones --un 3,2% menos-- y Economía e Industria pierde un 4%, 7,2 millones. Medio Rural e do Mar dispondrá de 627 millones, con una de las rebajas más bajas, un 1,3%

Beneficios fiscales


En lo tocante a la fiscalidad, la apuesta de la Xunta ha sido promover “incentivos y beneficios selectivos”, en palabras de Elena Muñoz. Así, ha descartado la posibilidad de recaudar más a través de impuestos específicos para las rentas altas, como solicitaban los partidos de la oposición.

Los beneficios fiscales tampoco son especialmente elevados. La consellerira de Facenda estimó que la Xunta dejará de recaudar en torno a 6 millones de euros por la aplicación de incentivos para la adquisición de vivienda y las deducciones para emprendedores.

Control sobre las entidades públicas


El articulado del proyecto de ley incluye algunas sorpresas. Entre ellas, una disposición adicional que obliga a las entidades públicas que presenten pérdidas de explotación a elaborar un plan con la finalidad de restablecer la situación de equilibrio en sus presupuestos y remitirlo a Facenda para su aprobación.

Del mismo modo, la Xunta también se reserva la facultad de revisar a la baja o, incluso, resolver convenios y contratos que dependen de la Administración autonómica, cuando pongan en peligro la disciplina presupuestaria y la estabilidad financiera.
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