El fiscal de Medio Ambiente investiga el envenenamiento de 54 vacas en Santa Comba

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Los propietarios de la explotación afectada exigen a la Xunta los resultados de los análisis del pienso y la leche tras las últimas muertes para poder seguir con su actividad

Una de las vacas envenenadas en la explotación de Santa Comba

en A Coruña, 12 de abril de 2016 (00:03 CET)

El fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, ya tiene sobre su mesa el escrito presentado por los titulares de la explotación ganadera de Santa Comba en la que el pasado mes de marzo murieron varias vacas supuestamente envenenadas. 

Según consta en el documento remitido a la Fiscalía por José Outes, uno de los afectados, desde el año 2010 han perdido un total de 54 vacas como consecuencia, dicen, del envenenamiento de sus piensos y forrajes. Tal y como denunció recientemente la asociación ecologista Arco Iris, los análisis externos realizados detectan en ellos contaminación por químicos y altas concentraciones de níquel y cobre, al parecer provenientes de un producto denominado 'Mebezonio'.

Futuro incierto

Tras los últimos casos detectados, técnicos de Medio Ambiente y veterinarios acudieron a la explotación en la última semana de marzo para tomar muestras del forraje almacenado en el silo. Sin embargo, como critican los titulares de la granja, nadie les ha informado de los resultados de dichos análisis. Además, apuntan que nadie está teniendo en cuenta los los efectos de la presencia de estas sustancias en el suelo y el subsuelo de dicho lugar, donde pasta el ganado.

Toda esta situación ha derivado en un estado de "alarma social" que, según explican, les está abocando al cierre. El pasado 29 de marzo, la empresa a la que suministran se negó a recogerles 1.000 litros de leche, a pesar de estar sometida semanalmente a los controles del Ligal. Esto, sumado a la "pasividad de los poderes públicos" acentúa la situación de "incertidumbre" que está viviendo esta familia.

Que la Fiscalía actúe

Por todo ello, solicitan a la Fiscalía de Medio Ambiente que investigue los hechos denunciados por ser "una práctica criminal habitual" y por las "graves consecuencias" que puede acarrear tanto a terceras personas como al medio ambiente. Asimismo, exigen que se tomen medidas para que los envenenamientos no se vuelvan a producir y emplazan a los organismos que realizaron las inspecciones en la explotación a que faciliten los resultados de las mismas lo antes posible.
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