La trama se quedaba con el IVA de los carburantes

El ex jefe de Vigilancia Aduanera en A Coruña, a juicio por el macrofraude del gasóleo

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VENTA FRAUDULENTA DE COMBUSTIBLE

en A Coruña, 05 de noviembre de 2015 (17:00 CET)

Cuatro acusados se sentarán finalmente en el banquillo para responder de un macrofraude en la fiscalidad del gasóleo. Lo harán en la Audiencia Provincial de Pontevedra, y serán finalmente cuatro procesados tras los acuerdos a los que llegaron las partes y después de retirarse los cargos contra otros acusados, que inicialmente sumaban 23 encausados. Entre ellos, se sentarán en el banquillo el ex jefe provincial del Servicio de Vigilancia Aduanera en A Coruña, así como otro funcionario del mismo cuerpo, además de guardias civiles y empresarios.

Este jueves ha arrancado en la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra el macrojuicio por la venta fraudulenta de gasóleo, que supuestamente superó los 30 millones de euros. El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, ha retirado la acusación contra cinco de los procesados, además, otro ya ha fallecido, y uno se encuentra declarado en rebeldía.

SVA y Guardia Civil

En cuanto al resto, el lunes se retomará la vista oral contra cuatro de los acusados, dos de ellos agentes de Vigilancia Aduanera. Uno era el jefe provincial del servicio en A Coruña, José C.G., y otro, José Ángel C.C., era el encargado de controlar a las empresas de la trama: Carburantes Acibro S.L. y Depósitos de Galicia S.L. (Depogal). Con ellos no se alcanzó un acuerdo de conformidad, como sí ha sucedido con otros doce acusados, para los que el fiscal modificó su petición de penas.

En todos los casos el fiscal admite la existencia de una atenuante "muy cualificada" de dilaciones indebidas, ya que el fraude que se juzga se habría cometido supuestamente entre los años 1998 y 2000, por lo que existen algunos delitos que ya han prescrito. Los abogados de los cuatro acusados con los que no ha habido acuerdo solicitaron al tribunal la nulidad de las escuchas telefónicas que sostienen la acusación. Además, los letrados sostienen que se ha vulnerado el derecho a una legítima defensa de sus clientes, así como la tutela judicial efectiva o, incluso, su derecho a la intimidad.

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