El ex edil de Valencia imputado por el caso Emarsa acusa a la acusación de falsificar documentos

El ex edil del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Gimeno, ha presentado ante el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia un recurso de reforma en el que se defiende de las acusaciones y acusa de falsificación documental a la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), que ejerce de acusación particular. El político está imputado por presuntas irregularidades cometidas en sus contratos y facturaciones a la empresa responsable de la depuradora de Pinedo (Emarsa) a través de dos de sus sociedades.

En el recurso de reforma presentado, la defensa de Gimeno califica la ampliación de la querella presentada por la Emshi de «manipulación evidente de lo realmente acontecido» que incluye documentos que «obligatoriamente tienen que haber sido alterados». Por ello, advierte de que esa actuación «puede conllevar repercusiones de carácter penal» hacia «aquellos que han aportado documentos falsos a las diligencias».

El titular del juzgado encargado del caso dictó el pasado 7 de noviembre un auto por el que imputaba a Gimeno por presuntas irregularidades en la facturación a Emarsa, a través de dos de las sociedades que preside, el Instituto de Empresa del Mediterráneo S.L. (IEM) y CRM Adecua S.L.

Presunta estafa

Gimeno fue trabajador de Emarsa entre los años 1997 y 2004 como encargado de gestión ambiental. Según denunció la Emshi, de forma simultánea a la finalización de su relación laboral con Emarsa y al cobro del finiquito, constituyó la empresa IEM y firmó un contrato de prestación de servicios con Emarsa.

Al respecto, la defensa de Gimeno precisa que tras sufrir éste un accidente de camino al trabajo «y coincidiendo con la llegada a la empresa del señor (Esteban) Cuesta» a quien su cliente «ni tan siquiera conocía cuando éste llegó a Emarsa», se llegó a un acuerdo para que siguiera prestando servicios en la empresa pero de forma externa, lo que repercutía en un ahorro anual aproximado de 25.000 euros para Emarsa.

Así, la defensa señala que «la mayor o menor habilidad» de Gimeno para negociar con Emarsa las condiciones de este nuevo contrato como externo «se podrá cuestionar, pero desde luego que no se trata de ningún ilícito penal el que se ponga fin a una relación laboral en la empresa y se inicie una relación de carácter mercantil».

Un único contrato

Prosigue, en este sentido, que «el único contrato firmado entre las partes» es el de fecha 21 de octubre de 2004, aunque admite que el primer día de vigencia efectiva del mismo, el 3 de enero de 2005, «se llegó a imprimir el contrato con la fecha cambiada pero jamás se llegó a firmar». En cualquier caso, pide que el original sea estudiado por la Policía Científica para determinar la antigüedad de la tinta.

También resta importancia al hecho de que la firma se produjera antes de la inscripción de la empresa en el registro mercantil, dado que se trata de un hecho «perfectamente regulado» y carece de relevancia penal. La defensa insiste en que su representado tan sólo firmó este contrato y «desconoce los otros varios contratos que están siendo objeto de investigación».
De hecho, apunta que el documento aportado de fecha 2008 «las firmas estampadas parecen estar escaneadas» y reitera que Gimeno «jamás había visto ese contrato ni el resto de los aportados». En este sentido, explica que en los documentos posteriores acorta la duración del mismo, así como la indemnización anticipada y aumenta la cuota mensual a 5.000 euros que su defendido «jamás ha cobrado».

Por ello, señala que carece de sentido que se atribuya la autoría del mismo a quien resulta perjudicado por esas supuestas nuevas condiciones.

“Criminalizar y no pagar”

Para la defensa, la Emshi actúa ahora «con una evidente mala fe» para «criminalizar la cuestión y no pagar». Así, recuerda que su cliente se puso a disposición de la entidad para aclarar cualquier duda sobre los trabajos realizados. «No parece muy normal presentar la querella sin intentar previamente determinar si ha existido un fraude o no ha existido. De ahí que las sospechas de mi cliente se dirijan directamente contra los responsables de la Emshi», señala el letrado.

La empresa pública, por su parte, sostiene que IEM le reclamó el pago de un pagaré de 9.722,28 euros con vencimiento de 20 de septiembre de 2010, «sin acreditar la realización de los trabajos, las mensualidades a las que pertenece y sin aportar las facturas que lo justifiquen».

Asimismo, esta sociedad requirió el pago de 355.211,20 euros en concepto de mensualidades vencidas y no abonadas, y de indemnización por resolución anticipada de un contrato de prestación de servicios suscrito en 2004, según la entidad metropolitana, que defiende que no consta en sus archivos ningún contrato suscrito entre IEM y Emarsa en 2004, mientras que sí hay alguno entre 2008 y 2010 sin cláusula indemnizatoria.

Para la defensa, sin embargo, «le interesa la creación de estos documentos para impedir el pago» a Gimeno, por lo que advierte de que «quizás el ilícito penal se esté cometiendo en Emshi, ya que ni en 2008, ni en 2009, ni en 2010 se firmó contrato alguno». «Resulta sencillo hacerse con un contrato, cambiar determinadas cláusulas y escanear las firmas», añade el letrado del exedil.

En este punto, detalla que en uno de los supuestos contratos «parece evidente que se trata de una firma escaneada, puesto que coincide al milímetro con la firma estampada en el contrato de octubre de 2004», el único que, como reitera la defensa, fue suscrito por Gimeno.

Erratas y duplicidad

Por otra parte, respecto a la explicación exigida por el magistrado respecto a determinadas facturas emitidas por la empresa de Gimeno, éste señala que el hecho de que algunas de ellas recojan idénticos conceptos responde a que se trataba de un trabajo por fases. Asimismo, señala que las facturas de 2008 contienen erratas en las fechas por un error del administrativo.

Asimismo, el PSPV, que ejerce en el proceso como acusación popular, ha presentado un escrito de oposición a este recurso en el que reiteran su apoyo al auto de imputación del juez y censura los reproches vertidos por Gimeno a la Emshi, en una actitud que califica de «inadmisible».