El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page en visita a Incarlopsa.

El escándalo del carnicero de Mercadona amenaza con causar la caída de Page

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El diputado de Podemos, David Llorente, pide una consulta para que su partido abandone el gobierno

en Madrid, 04 de abril de 2018 (05:00 CET)

El escándalo del carnicero de Mercadona amenaza con liquidar la estabilidad política del gobierno del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE).

Los malos tratos de la empresa Incarlopsa, fabricante cárnico de Mercadona, motivó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que condenó al gobierno de García Page por perseguir a los funcionarios que denunciaron maltrato animal en el mayor matadero de la región y uno de los mayores de España.

Ahora, las consecuencias políticas del caso amenazan al gobierno de García-Page. El diputado de Podemos David Llorente ha abierto la caja de los truenos en el gobierno castellano-manchego al solicitar una consulta de bases para decidir la salida de Podemos del gobierno de la región. 

Llorente, representante del ala crítica del partido, cuestiona el funcionamiento del gobierno socialista tras ser condenado por otorgar un trato de favor a Incarlopsa, la mayor empresa de facturación de la región. García Page ha defendido a la cárnica de forma contundente, a pesar de la sentencia judicial en su contra por haber sacrificado cerdos sin sedación tal como exige la ley. 

Brecha en Podemos

“He decidido abrir un debate y compartir la reflexión públicamente al lanzar esta propuesta. No tenemos por qué participar en un gobierno que apoya la instalación de macro-granjas en la región que tantos problemas ocasionan en los pueblos y, más aún, cuando hay una sentencia contra el gobierno por perseguir a los funcionarios públicos que denunciaron las irregularidades. Es necesaria esta consulta”, explicó a este medio el diputado de Podemos.

Llorente se opuso abiertamente a que el partido entrase en el gobierno de García-Page en verano del año pasado. Este diputado es partidario de dar apoyos puntuales al PSOE, aunque rechaza de forma frontal permitir un regreso del PP al gobierno. 

Podemos es clave en la gobernabilidad de Castilla-La Mancha, ya que el PSOE necesita a sus dos diputados para aprobar las iniciativas parlamentarias que tengan el rechazo del Partido Popular. Si uno de los diputados tuerce su voto, el suelo político se desmoronaría en los pies del barón socialista.

El PSOE de García-Page necesita a los dos diputados de Podemos. Y uno pide salir del gobierno 

La postura de David Llorente contrasta con la posición oficial de Podemos, que promovió una consulta en verano pasado para entrar en el gobierno castellano-manchego, donde el sí obtuvo una amplia mayoría.

Tras la decisión, el equipo de García-Page entregó la segunda vicepresidencia del gobierno al podemita José García Molina, que renunció al acta de diputado para entrar en el gobierno regional.

Este medio se ha puesto en contacto con el equipo de José García Molina para conocer su posicionamiento ante las críticas surgidas a raíz de la sentencia judicial que acusa al gobierno regional de dar un trato de favor a una empresa que cometió irregularidades y de perseguir y acosar a los funcionarios que las denunciaron.

La estabilidad parlamentaria de García Page está en peligro

El vicepresidente segundo no ha querido contestar las llamadas de este diario. Desde su equipo consideran que la posición del diputado crítico David Llorente no se corresponde con la corriente mayoritaria del partido. Pero, en el seno del parlamento regional, un diputado de Podemos supone la mitad de su grupo parlamentario.

Llorente ha votado hasta ahora siempre de forma coordinada con la diputada que representa la corriente oficial del partido y nunca ha roto la llamada "disciplina de voto". Pero el diputado ya ha mostrado sus discrepancias con la ley de mecenazgo que intenta impulsar García Page y que levanta también suspicacias en el Partido Popular. Esa votación podría suponer un cambio de rumbo. 

La ley pretende dar cobijo legal a las donaciones de empresas privadas al gobierno autonómico a través de la fundación Impulsa, una asociación cuya transparencia ha sido puesta en duda tanto por Podemos como por el PP.

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