El debate sobre la reforma de la ley minera llegará al Parlamento tras las vacaciones

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Alternativa Galega de Esquerdas impulsa una proposición de ley que recoge la propuesta presentada por Salvemos Cabana para revisar la normativa vigente

Balsas mineras en Monte Neme | S.C.

09 de julio de 2014 (14:10 CET)

Alternativa Galega de Esquerdas (AGE) ha impulsado una Proposición de Ley en el Parlamento gallego que recoge y amplía la que la plataforma Salvemos Cabana presentó en septiembre del año pasado para reformar la ley de ordenación de la minería de Galicia.

La plataforma en contra de la minería agresiva ha recibido la confirmación de que la iniciativa parlamentaria, registrada en mayo, llevará el debate a la Cámara en el inicio del nuevo curso político, en septiembre. Para Salvemos Cabana, la posibilidad de una modificación en la normativa sería un hito fundamental tras la cancelación del proyecto minero de Corcoesto, que pretendía desarrollar en la comarca de Bergantiños el grupo canadiense Edgewater.

Salvemos Cabana opina que pese a que la Ley de Ordenación de la Minería de Galicia nació con la finalidad de “disponer de un marco coherente y actualizado” ante la norma preconstitucional de la Ley de Minas del 73, “la realidad es que la misma adolece de importantes defectos de forma y numerosas incongruencias que han sido aprovechadas por la administración autonómica del PP para favorecer tanto su línea ideológica como proyecto afines a nivel empresarial”.

Consello da Minería

Alternativa Galega de Esquerdas defiende en su proposición de ley que “la minería no puede ser en ningún caso considerada sostenible, dado que son actividades no perdurables en el tiempo pues la explotación del recurso supone su agotamiento”. El uso de los recursos naturales debe ser “netamente sostenible y socialmente admitible”.

La propuesta de AGE pasa por crear un Consello da Minería como organismo de control y regulación de las actividades mineras que se desarrollan en la comunidad. También esperan poder modificar el plan sectorial de actividades extractivas, que tiene incidencia supramunicipal en la actualidad. No consideran acreditado que un plan que puede dar lugar “a una agresión medioambiental y social como el que representa una mina pueda pasar por encima del planeamiento urbanístico de los ayuntamientos afectados sin un consenso previo entre ellos y la ciudadanía”.
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