Flora Pérez Marcote, vicepresidenta de la fundación, y Amancio Ortega, en la hípica de Casas Novas / EFE

El concello de A Coruña hinca la rodilla ante Amancio Ortega

El ayuntamiento de Inés Rey eximirá a la fundación Amancio Ortega de las tasas de construcción de una escuela infantil, por las que llegaron al juzgado

Este miércoles está previsto que la Xunta de goberno local del ayuntamiento de A Coruña, dirigido por la socialista Inés Rey, dé el visto bueno a un informe de la asesoría jurídica municipal que recomienda al Concello que abandone el litigio que mantiene en los juzgados con la Fundación Amancio Ortega a cuenta de la construcción por parte de la entidad social del dueño de Inditex de una escuela infantil en el barrio de A Sardiñeira.

Para entender todo este proceso hay que remontarse a 2014, bajo el mandato del PP de Carlos Negreira. En julio de aquel año, Ayuntamiento, Xunta y Fundación Amancio Ortega firmaron un convenio por el que la entidad, como ya hizo en otros municipios gallegos (como por ejemplo Vigo), construiría una escuela infantil que pasaría a engrosar la red autonómica de Galiña Azul. La entidad sin ánimo de lucro del empresario se encargaría de la construcción y equipamiento de un edificio que, como suele ser habitual cuando se trata de la familia Ortega, fue diseñado por Elsa Urquijo, su arquitecta de cabecera.

La administración autonómica se encarga de la gestión y mantenimiento de la escuela, mientras que el Ayuntamiento coruñés cedió los terrenos sobre los que se ubica. Pero, el convenio reservaba otra obligación para el Consistorio. La administración local se comprometió mediante una cláusula a “consignar el crédito adecuado y suficiente para subvencionar el importe del impuesto de construcciones (ICIO)”. Es decir, el Concello se comprometía a no cargar a la Fundación Amancio Ortega con el pago de la tasas de construcción del inmueble en cuestión.

Problemas con el acuerdo

El acuerdo se firmó. Sin embargo, en enero de 2018, ya bajo el gobierno de la Marea Atlántica, el interventor general del ayuntamiento alertó de que el convenio de 2014 no pasó por ninguna fiscalización. Además, advertía de que, “conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, la citada cláusula sobre el pago de tasas no podía llevarse cabo. “No cabe la concesión de una subvención para el pago de un impuesto municipal, tal y como se prevé en el convenio”, indicaba. Tras el citado informe de la Intervención Municipal, el Ayuntamiento optó por cobrar a la Fundación Amancio Ortega la liquidación del impuesto de construcciones. Una tasa que ascendía a algo más de 53.000 euros, teniendo en cuenta que también se reclamaban 4.600 euros en concepto de mora. La reclamación acabó en los juzgados, ya que la fundación sostenía que el Concello no estaba cumpliendo con el convenio firmado y que no era responsable de la fórmula escogida para eximirle del  pago del ICIO.

El informe de la asesoría jurídica municipal que este miércoles será tomado en consideración por parte del gobierno municipal recomienda ahora dar la razón a Ortega, aunque reconoce los defectos del convenio de 2014. El citado documento, al que ha tenido acceso Economía Digital, especifica que “la fórmula de colaboración municipal escogida no fue la más correcta”. “Tal y como dice el interventor municipal, el Ayuntamiento carecía de competencia para subvencionar el pago de ese impuesto”, explica. No obstante, reconoce que, al margen de esto, la administración asumió un compromiso que ahora debe cumplirse. “El Concello non cumplió con una obligación porque era jurídicamente imposible, pero el incumplimiento del convenio provocó daños y pérdidas para la Fundación, por lo que parece que debe dar lugar á la correspondiente indemnización sustitutoria”, opina.

De cumplirse con las recomendaciones de la asesoría municipal, como todo apunta a que ocurrirá, el Ayuntamiento abandonará el litigio que mantiene con la Fundación Amancio Ortega, que quedará libre del pago de las tasas derivadas de la construcción de la escuela infantil. Todo esto, sin necesidad de una sentencia. El juicio, en este momento, ya se encuentra paralizado por petición de la propia administración municipal. 

 

Un artículo de C. Díaz Pardo

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