El BNG reclama 56 millones al Estado para reactivar el sector naval ferrolano

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Los nacionalistas piden 30 millones para el dique flotante y otros 26 para el saneamiento de la ría

Protesta de los trabajadores de Navantia en Ferrol

05 de noviembre de 2012 (17:56 CET)

El dique flotante para Ferrol, reivindicado con insistencia por los trabajadores de Navantia, ha entrado con fuerza en la agenda de los grupos políticos que conforman la oposición al Gobierno del Partido Popular en Galicia. Así, el sector naval ferrolano estará en el centro de las enmiendas que presentará el BNG a los Presupuestos Generales del Estado. Los nacionalistas reclaman al Gobierno central que destine 30 millones de euros en 2013 para la construcción del dique flotante, que tiene una inversión total prevista de 125.

A esta partida, suman una segunda petición de 26 millones de euros que se destinarían al saneamiento de la ría de Ferrol.

La diputada del BNG en el Congreso, Rosana Pérez, ha advertido que el Gobierno destinará “0 euros” al saneamiento de la ría en 2013 y “apenas 8'5 millones en 2014”, lo que consideró “extremadamente grave”. Del mismo modo, consideró "vital" e "irrenunciable" para la comarca la construcción del dique flotante.

Otra de las enmiendas incide en el "aislamiento" de Ferrol del eje atlántico del tren de alta velocidad y reclama 10 millones para iniciar su enlace. Para la conexión ferroviaria del puerto exterior de Caneliñas se pide una primera partida de 1 millón de euros.

Negociaciones estancadas

Las negociaciones sobre el dique flotante están en un punto muerto. La Xunta y la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI) se han negado a financiar el coste de la infraestructura, cuando menos, en las cifras que maneja actualmente la empresa y que sitúan en torno a los 212 millones de euros el dinero a desembolsar.

El objetivo es adelgazar la inversión prevista hasta aproximadamente 140 millones, cantidad en la que la Xunta se replantearía participar en su financiación.

En la última Comisión de Seguimiento, a la que asistieron SEPI, Navantia y representantes de la Xunta y los trabajadores, se decidió realizar una consulta no vinculante a la Unión Europea para determinar si la utilización de fondos públicos para la construcción del dique se entendería como ayudas ilegales o se estaría incumpliendo el veto a la construcción naval civil que se fijó en 2004.
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