El BNG quiere 200 millones en los Presupuestos para intervenir Alcoa

El BNG anuncia que enmendará los PGE del Gobierno Sánchez y reclamará una partida de 200 millones para intervenir la fábrica de Alcoa San Cibrao

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Tras el «no» de Alcoa a retomar las negociaciones con el Gobierno central para la adquisición de la planta de aluminio primario de San Cibrao por parte de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), la posibilidad de la intervención de la factoría vuelve a estar sobre la mesa, si bien nunca ha sido la opción deseada por el Ejecutivo. No obstante, este martes, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha anunciado que, entre las enmiendas que presentará a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, los nacionalistas gallegos reclamarán una partida de 200 millones de euros para la intervención de la planta de Cervo.

Rego insiste en que la nueva negativa de Alcoa «solo deja vía libre a la intervención pública para garantizar la continuidad de la actividad» y de más de «1.000 puestos de trabajo» en la comarca de A Mariña.

Petición en el Congreso

Los nacionalistas gallegos se apoyan en el hecho de que hace pocas semanas el pleno del Congreso aprobó una iniciativa del Bloque que instaba al Gobierno central a iniciar una intervención temporal de Alcoa San Cibrao para salvar los puestos de trbajo y evitar la parada de las cubas. De hecho, votaron a favor los dos socios de la coalición estatal, PSOE y Unidas Podemos, y el PP, partido que gobierna la Xunta.

Con la vista puesta en el juicio sobre el despido de 524 trabajadores que se celebrará el 3 de diciembre en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Rego ha vuelto a advertir que la solución al cierre «no vendrá de la mano» de la justicia, por lo que ha tachado de «preocupante» que tanto la Xunta como el Ministerio de Industria «se inhiban» de actuar para dar una «salida política» al conflicto.

Finalmente, tras recalcar que la intervención es «la única» vía posible llegado este punto, el representante del BNG en el Congreso ha instado a ambas administraciones a ponerse de acuerdo para actuar de la forma más «inmediata» posible para que la intervención se materialice.

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