El BNG denuncia al Gobierno ante Bruselas por la farsa de Angrois

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Ana Miranda, la portavoz nacionalista en la UE, señala que la formación no puede quedarse de brazos cruzados después de conocer el informe de Bruselas sobre el accidente del Alvia

Redacción

La portavoz del BNG en Bruselas, Ana Miranda, junto a los representantes de la Plataforma de Víctimas del Alvia con el informe en la mano
La portavoz del BNG en Bruselas, Ana Miranda, junto a los representantes de la Plataforma de Víctimas del Alvia con el informe en la mano

en A Coruña, 14 de julio de 2016 (13:13 CET)

El BNG ha decidido pasar a la acción tras conocer el informe de Bruselas sobre el accidente de Angrois. Así, la semana que viene presentarán una denuncia ante la Secretaría General de la Comisión Europea contra el Gobierno español por "incumplimiento" del derecho comunitario en lo relativo a la directiva de la UE de seguridad ferroviaria de 2004.

Como explicó este jueves en rueda de prensa la portavoz nacionalista en la UE, Ana Miranda, gracias al documento al que pudo acceder la semana pasada junto con representantes de la plataforma de víctimas del Alvia, "ahora se sabe" que se incumplieron dos artículos correspondientes a esa directiva, puesto que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) "no fue independiente" y "no se escuchó" a las víctimas del Alvia siniestrado en 2013.

Para Miranda, el informe de la Agencia Ferroviaria Europea pone de manifiesto que la CIAF "no es independiente ni en su organización, ni en su estructura jurídica, ni en su capacidad decisoria".

Investigación más que sanción

El procedimiento de infracción consiste en que la Comisión Europea "puede abrir una investigación de parte contra el infractor, que en este caso sería el Estado español, por no aplicar bien esta directiva", explica la portavoz del BNG en Bruselas. "La cuestión es que se investigue", pues no denuncian con la intención de que "haya una sanción o no, ni mucho menos". "No podemos ahora quedarnos de brazos cruzados cuando se nos está diciendo que tenemos la razón", sostiene Miranda.

A partir de la presentación de la denuncia, la Comisión Europea tendrá un plazo de 15 días para admitirla o no a trámite, tras lo que habrá un año de plazo para ponerse en contacto con el Estado miembro y avanzar en ese procedimiento.
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