El Banco de España admite que conocía los contratos de NCG, pese a las "reticencias" de la caja

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Los inspectores niegan que las prejubilaciones comprometieran la solvencia de la entidad

Pego y García de Paredes

08 de noviembre de 2012 (15:12 CET)

Los dos inspectores que el Banco de España tenía en Novacaixagalicia cuando sus exdirectivos se otorgaron prejubilaciones millonarias --Miguel Segui y Pedro González--, admitieron en su comparecencia en la Audiencia Nacional que conocían el contenido de los contratos, si bien, estos les fueron entregados con 6 meses de retraso.

En su declaración ante el juez, reconocieron que conocían la existencia de dichos contratos desde diciembre de 2010 – “habíamos oído que existían” –, pero no fue hasta febrero del año siguiente cuando les mostraron su contenido. Tuvieron que pasar dos meses más, hasta mayo de 2010, para que les fueran entregados los documentos.

Por ello, en su declaración ante el juez instructor Ismael Moreno, señalaron las “reticencias” de la caja gallega para hacerles llegar los contratos. A pesar de ello, en su evaluación, consideraron que las modificaciones introducidas podrían suponer un coste mayor para la entidad pero, “en ningún caso”, comprometían la solvencia de la misma.

“No hubo actitud obstruccionista”

Los técnicos del Banco de España comparecieron ante la Audiencia Nacional en el marco de la investigación abierta sobre las indemnizaciones millonarias que percibieron exdirectivos de Novacaixagalicia a su salida de la entidad. En un auto judicial, Moreno impuso fianzas por un valor total de más de 10 millones de euros a los directivos de la antigua caja José Luis Pego, García de Paredes, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada.

Los inspectores reconocieron este jueves que los altos cargos beneficiados por las prejubilaciones mostraron “reticencias” a la hora de entregarles los contratos. Si bien, matizaron, en ningún momento adoptaron con ellos una actitud obstruccionista.

Además, según informa una de las defensas, los técnicos no han podido determinar si lo ocurrido con los contratos de los directivos puede valorarse como una interpretación, aunque sea incorrecta, de la norma laboral o como un desvío de fondos, que es lo que se les imputa en el procedimiento.
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