Una de las residencias de DomusVi en Madrid / DomusVi

Dos residencias de DomusVi, envueltas en la querella contra Ayuso

Familiares de usuarios de centros de mayores en Madrid presentan una querella colectiva contra la presidenta de la comunidad y diez residencias

Familias de residentes en centros de Madrid presentaron este lunes una querella colectiva contra la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y contra los directores de diez residencias, por la gestión realizada durante la pandemia del coronavirus.

La querella abre otro frente judicial para DomusVi, la antigua Geriatros de las cajas gallegas y uno de los grandes operadores del sector. Concretamente, los familiares plantean llevar ante la justicia a los centros Domus Vi Mirasierra y DomusVi Usera, esta última intervenida por el Gobierno autonómico.

A estos centros se suman Aralia Ensanche de Vallecas y Isabel La Católica, Ballesol Pasillo Verde y Mirasierra, Gran Residencia, Centro Integrado Municipal, Margarita Retuerto, Manoteras y AMAVIR Ciudad Lineal.

La querella la suscriben 26 personas agrupadas en el colectivo Marea de las Residencias, y denuncian presuntos delitos de "homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio".

Inacción política

La querella sostiene que tanto Ayuso como Ruiz Escudero "conocen el número de fallecidos que había a primeros de marzo, y no deciden implantar un plan de choque hasta el día 27 de marzo, casi un mes después, cuando ya habían fallecido 1.000 personas mayores en las residencias".

"Es evidente que esa demora en el actuar de los querellados implica la existencia de un nexo causal entre su imprudente omisión y el resultado producido que ha sido el enorme número de fallecidos que se han producido en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, de manera que la ausencia de adopción de toda medida hasta finales de marzo se ha materializado en el tráfico resultado del elevadísimo número de decesos", añade la denuncia.

Los querellantes piden se proceda a citar como testigos de los hechos relatados al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero; al director general de Coordinación Socio-Sanitaria, Carlos Mur, y la ex directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes.

Un artículo de Economía Digital Galicia

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