Dificultades para encontrar un fiscal para el caso Afinsa

El Fiscal del caso Afinsa, Alejandro Luzón, lo ha dejado. Este reputado miembro de la Fiscalía Anticorrupción ha ascendido a la tenencia fiscal de la inspección de Ministerio Público. Por lo tanto, deja la primera «línea operativa» para ostentar un cargo más encaminado a la gestión interna.

Luzón era el fiscal del caso Afinsa, una presunta estafa filatélica que habría afectado,según la querella del fiscal, a 200.000 pequeños ahorradores.

Luzón no quiere el caso

Luzón era el fiscal del caso –y, a pesar de su ascenso, podía continuar siéndolo–, pero ya no quiere. Ha renunciado expresamente a la posibilidad que tenía de continuar hasta el mismo día del juicio al frente de esa acusación. Luzón, no lo ve claro. Ni muchos otros prestigiosos miembros de la Fiscalía Anticorrupción.

El juicio está previsto para el próximo día 19 de noviembre. Se acusa a los principales gestores de Afinsa de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública. Delitos graves, con penas asociadas, pero a los que, a día de hoy, no hay fiscal.

No hay candidatos

El jefe de Anticorrupción no encuentra a nadie que quiera hacerse cargo del «marrón» de Afinsa. Se trata de una caso que nace de un controvertido informe de la inspección de la Agencia Tributaria, que dio pie a una no menos controvertida querella de la Fiscalía. Todo ello fue respaldado más tarde por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que ordenó la intervención de la sociedad.

La propia Fiscalía tiene dudas. Pero en nueve años de investigación, no ha rectificado, ni ha dado marcha atrás. Y ahora, cuando llega el momento de la verdad los fiscales miran para el techo y resoplan.

Investigación judicial contraproducente

En todo este tiempo, la investigación no se ha podido acreditar, ni en los registros, ni en las comisiones rogatorias enviadas a paraísos fiscales que alguno de los 14 máximos responsables de Afinsa procesados se haya quedado con un duro de la sociedad.

Cerca de 2.000 afectados por este caso, lejos de comparecer como acusación particular en la causa, se han presentado ante los tribunales españoles denunciando a la propia Agencia Tributaria y a la Audiencia Nacional por un delito de culpa in comittendo. Es decir, la acción imprudente y negligente de la administración que, al intervenir la empresa, lejos de preservar los derechos y los ahorros de los inversores, provocaron su bancarrota.