Defensa fue juez y parte en la adjudicación del centro de drones de Rozas, denuncia AGE

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Un alto cargo del ministerio formó parte del jurado que eligió a Indra como socia industrial de la Xunta en el proyecto, a pesar de ser ésta una empresa participada por el departamento que dirige Pedro Morenés

El presidente de la Xunta (izda.) y el conselleiro de Industria (dcha.) en el aeródromo de Rozas

en A Coruña, 28 de marzo de 2016 (17:18 CET)

El diputado de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) Ramón Vázquez ha denunciado este lunes "prevaricación" en la adjudicación de la Xunta del proyecto para construir drones en el aeródromo lucense de Rozas, que finalmente se llevaron las empresas Indra e Inaer.
 
Según explicó Vázquez en rueda de prensa, el proceso se hizo "a medida" de Indra, empresa en la que Defensa ejerce el control político de la participación del 20,14% en manos de la SEPI, ya que uno de los tres miembros del comité técnico asesor de la mesa de contratación del proyecto fue Bartolomé Marqués Balaguer, subdirector general de Experimentación y Certificación del INTA, que "depende orgánicamente" del ministerio.

Paralización del proceso

La coalición reclama a la Xunta que, ante esta situación, "suspenda de forma inmediata" la adjudicación del proyecto y no proceda a firmar el contrato, que según anunció el Gobierno gallego, se rubricará en el mes de abril. Además, ha anunciado que denunciará el caso ante el Tribunal de Contratos Públicos e informará al Consello Galego da Competencia y el Consello de Contas de Galicia sobre esta cuestión.

En opinión del diputado de AGE, es "ilegal" que un miembro de la empresa adjudicataria forme parte del comité de adjudicación, ya que "conculca" la ley de contratos públicos, en lo que identifica como un "caso clarísimo de prevaricación", que ve "muy grave". Bartolomé Marqués recibe por parte del Ministerio de Defensa una retribución de 95.000 euros anuales.
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