De Lara pone el ojo en los libros de cuentas a PP, PSdeG y BNG
La jueza de la Pokemon quiere conocer las donaciones que recibieron los partidos antes de las elecciones
La jueza que instruye la Operación Pokémon, Pilar de Lara, ha decidido requerir a PP, PSdeG y BNG sus libros de contabilidad, a fin de analizar las donaciones recibidas durante los meses de mayo y junio de 2011, cuando se celebraron las últimas elecciones municipales.
En plena tormenta por la imputación de José Luis Baltar y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, de Lara sigue en busca de donaciones sospechosas a los principales partidos gallegos. A través de un auto, la magistrada solicita la información contable a las tres formaciones las ciudades de A Coruña, Lugo, Ourense, Ferrol y Santiago, además de a los municipios coruñeses de Ribeira y Boqueixón. «Idéntica información» requiere de Terra Galega en la localidad coruñesa de Arteixo.
Aluvión de datos
¿Qué implica para los partidos? Tendrán que facilitar a los agentes de Vigilancia Aduanera sus libros contables e identificar a los encargados de la contabilidad, así como precisar quiénes eran los responsables de las cuentas bancarias en el entorno de los últimos comicios locales.
La investigación será en profundidad. De Lara solicita al Tribunal de Cuentas información sobre todas las donaciones recibidas por los tres partidos y, en el caso de Ferrol, Verín (Ourense) y Ribeira un informe con todos los concursos públicos en los que haya participado alguna empresa del Grupo Vendex desde 2010.
¿Qué busca?
Con estas medidas, Pilar de Lara pretende esclarecer si los fondos supuestamente percibidos por políticos de distinto signo tenían como destino final a los partidos.
De hecho, en los fundamentos jurídicos que incluye el auto, explica que las distintas diligencias practicadas –intervenciones telefónicas, análisis de información de equipos informáticos, examen de la contabilidad– permiten concluir que los dirigentes de Vendex habían diseñado «una política empresarial conforme a la cual, para lograr adjudicaciones de las administraciones públicas, especialmente de las municipales, realizaría presuntamente sobornos.
