Currás responsabiliza a los decretos del Gobierno de Zapatero del fracaso de la fusión

La actual secretaria de Estado de Presupuestos y ex conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, ha culpado al decreto aprobado en 2011 por el Gobierno del PSOE que eleva las exigencias de capital de las entidades financiera del fracaso de la fusión de las cajas gallegas.

Además, ha asegura que ni Caixa Galicia ni Caixanova, que estudiaban integraciones con entidades de otras comunidades, “estaban en condiciones” de asumir el liderazgo de esas operaciones.

En su respuesta por escrito a la comisión de investigación de las cajas, a la que ha tenido acceso Europa Press, Fernández Currás indica que las conclusiones del «informe» encargado a KPMG «fueron claras, indicando esa viabilidad» sobre la que se tenía que pronunciar el estudio. «Se pretendía analizar si la fusión era o no viable, no proponer una opción concreta», explica.

Comparecencia frustrada

La secretaria de Estado de Presupuestos excusó a finales de junio su presencia en la comisión parlamentaria con el argumento de que sus obligaciones en el Gobierno central influyen directamente en organismos como el Banco de España, el FROB o la Sareb. Ante esta situación, se le remitió un cuestionario en cuya redacción participó únicamente el PPdeG, dado que el resto de los grupos rechazó participar en esta fórmula.

En su respuesta, señala que, en el cambio de gobierno, la documentación aportada por el bipartito era «de carácter ordinario y no analítico» y no incluía «advertencia o alarma explícita» sobre la «delicada situación» de las cajas, que presentaban «importantes debilidades».

¿Conocía la situación el bipartito?

No obstante, «al poco tiempo de la toma de posesión», el Banco de España pidió «una reunión urgente» con la Xunta, en la que se trasladó la «especial debilidad de las entidades». En una reunión posterior, en mayo de 2009, el director general de Supervisión indica «expresamente» que los anteriores responsables de Facenda «habían sido informados de estos problemas».

De este modo, la ex conselleira insiste en las afirmaciones que hizo el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en su comparecencia en la comisión de cajas, en las que aseguró que el Gobierno bipartito era conocedor de la situación de las cajas gallegas.

«La única alternativa»

A su juicio, «la única alternativa» para mantener la vinculación con la comunidad y mantener los órganos de decisión «era una operación corporativa entre las dos cajas gallegas», reivindica.

«La Xunta no prejuzga la decisión de apoyo hasta que constata que, con la normativa existente en aquellos momentos, incluso con el recién aprobado acuerdo de Basilea III, los informes técnicos constataban que la fusión era viable, eficiente y líquida», sostiene.

Normativa

En el momento de la fusión, en diciembre de 2010, recuerda, estaba recién aprobado el acuerdo de Basilea III, que preveía unas exigencias de capital del 4,5% en 2015, y el proyecto «toma como referentes estos mínimos regulatorios». El nuevo decreto del Gobierno, aprobado «dos meses después», eleva las exigencias al 10%.

Esta nueva norma, insiste, se publica «después de que en el momento de la fusión se le indique a la caja fusionada que prime el saneamiento en su asiento de fusión, en lugar de primar las reservas», protesta. «Por lo tanto, el real decreto ley 2/2010, con sus exigencias de capital, impidió que el proyecto pudiese continuar adelante tal y como estaba diseñado», asegura.