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Cuentas destapa otros 7.637 millones en sobrecostes de Adif

Fomento modificó la integración del AVE en doce ciudades españolas por una desviación de 7.637 millones en el presupuesto previsto

El Tribunal de Cuentas ha destapado 7.637 millones en sobrecostes de Adif Alta Velocidad, la entidad que se encarga del despliegue de las líneas de AVE en España. El informe del organismo fiscalizador atañe a 13 Sociedades de Integración del Ferrocarril (SIF), entidades constituidas por el Ministerio de Fomento en colaboración con la administración local y autonómica para definir y ejecutar la entrada de la alta velocidad en las urbes.

La desviación presupuestaria, esos más de 7.500 millones, corresponden a los proyectos de Almería, Alicante, Barcelona, Cartagena, Logroño, Gijón, Murcia, Palencia, Vitoria, Valencia, Valladolid y Zaragoza. La práctica totalidad tuvieron que ser modificados o replanteados por el exceso de coste y también por la depreciación de las parcelas que provocó la recesión económica.

Los costes se dispararon en Barcelona y Valencia

Los distintos proyectos estimaban una inversión conjunta de 4.101 millones, pero a cierre de diciembre de 2016 --el año que analiza el organismo fiscalizador-- la estimación de gasto alcanzaba ya los 11.738 millones, de los que estaban ejecutados apenas el 29%, 3.450 millones.

Los sobrecostes más llamativos son los de Barcelona y Valencia. La primera pasó de los 335 millones del convenio inicial a 2.167 millones; mientras que la segunda elevó la cuantía desde los 804 millones a 2.965 millones. En Alicante se pasó de los 187,9 millones a 931; mientras que los 526 millones de Valladolid alcanzaban ya los 1.387.

Fomento esperaba ejecutar las obras sin déficit

Las actuaciones que requieren de tan abultada inversión están relacionadas con la urbanización de parcelas, soterramientos, estaciones, variantes y otros elementos del trazado de entrada de la Alta Velocidad en las urbes. Uno de los aspectos llamativos es que Fomento esperaba que las obras no generasen déficit, al aprovechar las plusvalías derivadas de la urbanización de los terrenos. Sin embargo, el crack del ladrillo hizo saltar por los aires las estimaciones. 

“En el momento de suscribir los convenios, estaba previsto que las actuaciones de integración no generasen déficit. Sin embargo, a 31 de diciembre de 2016, esta situación fue significativamente diferente; como consecuencia de: el incremento del coste de las actuaciones y la existencia de gastos operativos y financieros no contemplados inicialmente en los convenios, así como de la disminución de la estimación de las plusvalías derivadas del aprovechamiento urbanístico. A esa fecha, la necesidad futura de financiación de todos los convenios ascendía a 2.049 millones de euros, siendo especialmente significativo el déficit del Convenio de Valencia que, con 1.060 millones de euros”, dice Cuentas.

Un artículo de Economía Digital Galicia

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