Créditos dudosos en el Igape y gestión “poco ortodoxa” en Aguas de Galicia

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La Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos ocultó déficit mediante desplazamiento de gasto de un año para otro, según el Tribunal de Cuentas

Edificio del Igape

17 de junio de 2014 (02:00 CET)

Para el Tribunal de Cuentas, caso aparte representan el Igape y la Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos (EPOSH), cuya fusión con Aguas de Galicia fue anunciada oficialmente en 2009 por el ex conselleiro Agustín Hernández. Del Igape, constata que “aumentó notablemente en los últimos ejercicios la concesión de avales, cuyo riesgo es asumido por la Administración autonómica”. Ese riesgo vivo a finales de 2010 era de 294,5 millones de euros.

Además, dice el análisis, el organismo dependiente de Economía “tiene concedidos préstamos a empresas de fondos obtenidos a través de un préstamo del Banco Europeo de Inversiones, con un saldo al final del ejercicio de 2010 por 82,4 millones, del que 14,3 millones se consideran dudosos”. Nada menos que el 17,3% del total concedido es de casi imposible cobro.

Ocultación de déficit

Cuentas mantiene que en 2010 se han auditado veinte sociedades, de las 27 empresas que mantiene en su órbita el sector público autonómico. Todas las auditadas presentan opinión favorable. Sin embargo, el órgano fiscalizador señala, entre las principales salvedades y observaciones, algunas muy llamativas “relativas al inventario y a la valoración de bienes que afectan al EPOSH y a Galicia Calidade, y que se refieren a la falta de contabilización de operaciones, salvedades particularmente significativa que muestra un procedimiento de gestión poco ortodoxo, al imponer la ocultación de déficit mediante el desplazamiento del gasto al ejercicio siguiente”.

En este capítulo destaca la EPOSH, de la que se señala “que ha transferido el reconocimiento de obligaciones de 2010 a 2011, por importe de 33,4 millones de euros”. “De haberse registrado estas operaciones en 2010, existiendo acta de recepción de las obras por parte de los ayuntamientos al estar estas finalizadas, se deberían haber registrados cesiones de obras por un importe adicional de 38,2 millones”, sentencia.
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