Condena a la Xunta: pagará 2,5 millones por sobrecostes en el Gaiás

La Cidade da Cultura sigue pasando facturas millonarias a la Xunta. Y no solo por el gasto ordinario para mantenerla a flote. La Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado al Gobierno gallego a abonar 2,54 millones por los sobrecostes en la construcción del Gaiás en los que incurrió FCC, la compañía de Carlos Slim y Esther Koplowitz.

La sentencia, con fecha del 29 de junio, hace referencia al Museo de Galicia. El tribunal obliga a la Fundación Cidade da Cultura a abonar casi 700.000 euros por el sobrecoste de la estructura metálica, más de 500.000 por el relativo al muro cortina, otros 260.000 correspondientes a trabajos de desarrollo del proyectos que asumió el contratista, 886.000 euros por el sobrecoste de las recontrataciones en las instalaciones y unos 200.000 por la recontratación de la colocación de piedra en las fachadas y en la cubierta.

Los magistrados asumen que hubo «errores grotescos» en el proyecto que FCC tuvo que subsanar

En el fallo, los magistrados de la sección sexta consideran «de suma importancia» que todos los testigos preguntados admitieron que el proyecto de ejecución «adolecía de errores groseros, como el hecho de que los vidrios carecieran de espesor y que hubiera elementos que se salían de la envolvente».

Un emblema de la burbuja

La Cidade da Cultura, un proyecto de Manuel Fraga, quedó en Galicia como emblema de los años de bonanza, cuando proliferaron en el Estado edificios fastuosos diseñados por arquitectos estrella que perseguían para las ciudades un efecto similar al que logró el Guggenheim en Bilbao.

El de Fraga en Santiago, como otros muchos, no salió bien. Costó más de 300 millones, el triple de lo presupuestado, y hubiera sido más si Feijóo continuara con el proyecto inicial. Sin embargo, decidió frenar las obras y dejar dos edificios sin construír.

Ahora tendrá que añadir 2,5 millones más a la cuenta. FCC ya había obtenido una sentencia favorable en primera instancia, pero recurrió para elevar la cuantía de la indemnización de los 1,83 millones a los 2,5 actuales.

Los magistrados se mostraron críticos con el proyecto, censurando que «carecía de la necesaria definición», pues «no estaba suficientemente desarrollado y esta función la fue asumiendo FCC a través de su oficina técnica».