El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. EFE/Alberto Estévez

Cerco del propio soberanismo a Puigdemont para que olvide la DUI

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Sectores del Pdecat y de ERC, con la ayuda de Artur Mas, buscan una salida para que Puigdemont impulse una declaración política, pero no una DUI

Barcelona, 06 de octubre de 2017 (05:55 CET)

Angustia. Nervios. Muchos. Llamadas y reuniones. El lunes el presidente catalán, Carles Puigdemont, tiene en su mano agravar o permitir una posible salida al conflicto político. Y sectores del Pdecat y de ERC, es decir, del propio soberanismo, cercan al mandatario catalán para que olvide la declaración unilateral de independencia, y apueste por una declaración política que alivie la situación.

Puigdemont escucha, pero ha llegado al momento soñado. Ha sido un activista toda su vida, y ahora se enfrenta a una decisión trascendental. Las consecuencias de esa declaración unilateral pueden ser enormes, con la advertencia del Gobierno de que pondrá en marcha las medidas que le permite el artículo 155 de la Constitución. Las fuentes consultadas de los partidos y del entorno soberanista constatan que, aunque fuera una declaración política, con la idea de convocar elecciones en los próximos meses para ratificarla, el Gobierno ha llegado a un punto en el que no puede dejar de aplicar medidas de excepción. Pero se pretende que, por lo menos, no se le sirva en bandeja.

El reproche a Mas ahora es enorme, por haber posibilitado que Puigdemont fuera presidente

La dirección del Pdecat y de Esquerra, con Marta Pascal y Oriol Junqueras, están concernidas en ese intento de minimizar los daños. También Artur Mas, que, en las últimas horas, ha tomado conciencia de que una intervención de la Generalitat, a través del artículo 155 de la Constitución, sería un auténtico desastre para el conjunto de la sociedad catalana.

Las consecuencias económicas comienzan a ser serias, con el cambio de sede del Banco Sabadell, y de Caixabank, y de diversas empresas. Y la angustia se palpa en los comentarios de diversos dirigentes. Pero Puigdemont no suelta prenda. Sigue obsesionado con el discurso del rey Felipe. No entiende que no incluyera alguna referencia al diálogo, o a los excesos de las cargas policiales durante el 1-O, con imágenes que dieron la vuelta al mundo. Insiste en que el independentismo está a punto de lograr sus objetivos, y duda sobre esa declaración política.

El último en pedir que se deje de lado la DUI, y que nadie se mueva en los próximos meses para iniciar una etapa de diálogo –lo que incluye al Gobierno de Mariano Rajoy—es el consejero de Empresa, Santi Vila. En un artículo en el diario Ara reclama que nadie tome ya decisiones unilaterales.

El soberanismo 'moderado' –aunque es responsable de la actual situación—pide ahora un paso atrás para no caer en el abismo. Junto a las direcciones de los dos partidos implicados, Pdecat y ERC, aunque eso no incluye a muchos de sus cuadros o dirigentes, se debe añadir a Jordi Sànchez, presidente de la ANC, que es consciente de que se ha llegado demasiado lejos.

El problema ahora es la CUP, que no quiere medias tintas, y que pretende agitar --más-- la calle

Sus actuaciones buscan acompañar a la masa independentista, y, por ello, ha pedido movilizaciones para este lunes. Pero el objetivo es que el soberanismo muestre, de nuevo, su músculo sin acabar de romper con todo, provocando una respuesta del Estado, como anunció el rey Felipe que puede acabar con las instituciones catalanas.

En el caso de Artur Mas, se valora que arrime el hombro, pero su partido le reprocha ahora su decisión de dar un paso al lado. Aquella decisión, forzada por la CUP, provocó que fuera presidente Carles Puigdemont, un activista y agitador que ha resultado incontrolable y que ha escuchado poco.

Y ese es, precisamente, el problema: la CUP. La formación anticapitalista ha marcado el guión. Ahora reclama lo que se prometió: la declaración de la independencia tras el referéndum del 1-O, como marca la ley del referéndum que se aprobó en el Parlament, que tenía carácter vinculante. La CUP se niega a esa declaración política y no admitirá medias tintas. En las últimas horas se busca que asuma, por lo menos, que esa declaración pueda ser en “diferido” y que se aplique tras unas elecciones que se calificarán de “constituyentes”.

Por su parte, el Tribunal Constitucional, tras aceptar un recurso de amparo del PSC, ha tomado las medidas cautelares que pedían los socialistas y ha suspendido el pleno de este lunes. Para el Constitucional lo que se derive de ese pleno no tendrá ninguna validez, porque ya lo ha dado por suspendido. La oposición podría decidir no asistir al hemiciclo, por lo que Junts pel Sí y la CUP, junto al presidente Puigdemont, se encontrarían con la mitad vacía. Catalunya sí que es pot podría asistir, pero tiene claro, según las fuentes consultadas, que votará en contra de cualquier DUI, si es que se decide someterla a votación.

La posible entrada en prisión de Trapero, que declara ante la Audiencia Nacional, agitará más al independentismo

El soberanismo, aconsejado, además, por sus referentes mediáticos en las redes sociales, busca mantener todo lo ganado en los últimos días: las cargas policiales erosionaron al Gobierno de Rajoy, y no impidieron, además, que se dejara de votar a lo largo del día. Los medios de comunicación extranjeros se hicieron eco de esa circunstancia y han pedido en sus editoriales que se busque una salida política. Todo es se podría perder con una declaración unilateral de independencia, que generaría una gran incertidumbre, además de que se pondrían en marcha las medidas del Gobierno para controlar la Generalitat.

Pero la CUP sigue ahí, vigilando, controlando. Y la calle también. Todo se puede agravar, además, con decisiones judiciales que siguen su curso. Este viernes declaran en la Audiencia Nacional el Mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y los líderes de la ANC y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, éste cada vez más radicalizado En el caso de Trapero, podría ser llevado, tras la declaración, directamente a prisión, acusado por un delito de sedición, castigado con hasta 15 años de cárcel.

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