Bruselas vuelve a desmontar la investigación de Angrois y habla directamente de ilegalidades 

En el tercer aniversario del accidente Angrois, Ana Pastor se ha coronado como nueva presidenta del Congreso. Las víctimas del Alvia siniestrado han afeado el nuevo cargo de la ministra de Fomento, pero no han sido los únicos. La Agencia Ferroviaria Europea también ha transmitido malas noticias a la dirigente popular.

Bruselas no sólo se ha reafirmado sobre la falta de independencia de la comisión que investigó el descarrilamiento en la curva de A Grandeira, sino que también ha manifestado su sorpresa por las contradicciones en las que incurrió el discurso del Gobierno español tras el accidente.

Irregularidades y contradicciones

En un comunicado en respuesta al emitido por la CIAF (la comisión de investigación diseñada por Fomento), la Agencia Ferroviaria Europea expresa su preocupación porque la autorización para la entrada en funcionamiento del Alvia en 2012 pudiese «no haber sido conforme a la legislación de la UE» en ese momento.

Del mismo modo, se muestra «sorprendida» por la «insistencia» de la CIAF en asegurar que el Alvia siniestrado no era una tren de alta velocidad, ya que así se recoge en el marco de la normativa europea. A esto añade que el tren fue descrito por Renfe como «entre los más sofísticados de la alta velocidad».

Las debilidades de la investigación

Bruselas insiste en los argumentos que había esgrimido en el informe desvelado hace doce días. Considera un «paso muy positivo» los cambios realizados este año en los órganos de la CIAF para «actuar independientemente», sin embargo, subraya el hecho de que en el momento en el que se hizo la investigación sobre Angrois esas medidas «no habían tenido lugar», ya que el equipo de investigación incluía a miembros de parte de ADIF y Renfe.

Junto a esto, insiste al igual que en el informe del 7 de julio, que la CIAF solo se centra en el error humano del maquinista, pero «deja muchas cuestiones sin contestar» y «no explora otras causas fundamentales».

Por todo ello, la Agencia Ferroviaria Europea espera que las autoridades españolas reaccionen para «hacer frente a las debilidades identificadas» y para «reducir los riesgos de futuros accidentes».