Bruselas tumba el dique flotante de Navantia

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La Comisión Europea entiende que “no se puede excluir con certeza la presencia de ayuda estatal en el proyecto”, lo que constituiría un caso de financiación privilegiada contrario a la normativa comunitaria

Manifestación de los trabajadores de Navantia en Ferrol | EFE

05 de agosto de 2014 (12:56 CET)

Las autoridades de Bruselas echan otro jarro de agua fría sobre el sector naval gallego. Si todavía resuena la bronca de la anulación de las ayudas del tax lease, ahora es el dique flotante de Navantia en Ferrol el que no comulga con la normativa comunitaria. La Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea ha respondido negativamente a la consulta realizada por España acerca del proyecto, que lleva meses atascado a la espera del visto bueno en Europa.

En concreto, las autoridades europeas consideran que "no se puede excluir con certeza la presencia de ayuda estatal en el proyecto de construcción de un dique flotante para Navantia". A falta de definir más el proyecto, según la Comisión Europea, "no parece que la intervención de inversores privados permita considerar la operación como pari passu (en igualdad de condiciones) y excluir de este modo la presencia de ayuda estatal".

Una "ayuda" para Navantia

La clave para Bruselas está entonces en los mecanismos para levantar el dique flotante que permitiría la reparación de grandes barcos, como gaseros. "Parece pues que la construcción no es posible únicamente mediante fondos privados -lo que excluiría automáticamente la presencia de ayuda estatal- y que la financiación pública podría concederse a condiciones no de mercado (financiación privilegiada)

La Comisión Europea entiende que la inyección de dinero público puede considerarse una “ayuda" estatal a Navantia e insta a las autoridades españolas a estructurar el proyecto para que satisfaga a las reglas pertinentes para determinar su compatibilidad con el mercado interior y, del mismo modo, a respetar los "techos máximos" de ayudas.

El problema de la financiación

La infraestructura, demandada durante mucho tiempo en Ferrolterra, dotaría a las instalaciones de los astilleros con suficiente capacidad para la reparación de buques de última generación, especialmente gaseros. Por lo tanto, permitiría a Navantia Ferrol engordar su cartera ofreciendo este tipo de servicios.

El problema que encuentra Bruselas es que para levantar la infraestructura, tal y como está planteado el proyecto, necesitaría de fondos públicos en una financiación mixta en la que también entrarían inversores privados. Sin embargo, la Comisión Europea considera esta inyección pública como una ayuda para Navantia que establece un tipo de financiación privilegiada y, por tanto, es contraria a las condiciones de un mercado igualitario.
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